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Rivera madura para la formación de Gobierno

El equipo de negociación de Rajoy considera “asumibles” todas las condiciones de C’s, incluida la ‘Comisión Bárcenas’. Podría haber investidura en la última semana de agosto

La formación de gobierno está más cerca que nunca tras la intervención que protagonizó Albert Rivera este martes en el Congreso de los Diputados.  El equipo de Rajoy considera “asumibles” las condiciones planteadas por el líder de Ciudadanos. Ahora, la prioridad es cerrar cuanto antes las negociaciones para poner fecha a la investidura.

En las filas populares había optimismo por fin, tras las seis condiciones anunciadas ayer por Albert Rivera, que consideran asumibles a cambio de poder formar gobierno. El PP ya presentó a C’s una propuesta para reformar la ley electoral y es partidario de acabar con los indultos políticos y con los aforamientos.

Y aunque Rajoy no quiso desvelar hasta este miércoles su opinión sobre las propuestas de Ciudadanos, el presidente en funciones estudió el documento enviado por Albert Rivera en la tarde de ayer con sus colaboradores más directos, en una reunión en la sede de Presidencia.

La reunión, programada con anterioridad con el objetivo de preparar la reunión con Rivera este miércoles en el Congreso, sirvió además para preparar la respuesta a la propuesta del líder de C’s. Y lo que se pretende desde el PP es que “la negociación se ponga en marcha de inmediato”. Así, Rajoy ya tendría pensado la creación de un equipo de representantes del Gobierno y del partido para hablar con Ciudadanos.

El equipo de Rajoy contará con la presencia de ministros que “tengan que tratar asuntos importantes” como los Presupuestos. Luis de Guindos es seguro. En cuanto a la representación del partido, la lógica apunta a María Dolores de Cospedal, como secretaria general.

Una más seis

Ciudadanos, en la Ejecutiva del partido, a propuesta de Albert Rivera, decidió posibilitar por fin la formación de Gobierno. El partido naranja remitió Rajoy un documento en el que se señalan las siete condiciones -una inmediata y seis a poner en marcha en los tres primeros meses de mandato- que debería aceptar, a cambio de favorecer la investidura.

Los requisitos imprescindibles de Rivera son los de la regeneración democrática. En cuánto a la negociación de los equipos, la cuestión debería ser rápida porque tanto el PP como Ciudadanos quieren que el nuevo Ejecutivo afronte los dos desafíos más inminentes que tiene ante sí el país: el reto secesionista catalán y los compromisos económicos y presupuestarios con la Unión Europea.

La hoja de ruta que propone Rivera implica de antemano la fijación de fecha y hora para la celebración del debate de investidura. El presidente de Ciudadanos está dispuesto a sentarse a hablar con un candidato definitivo, que no suscite duda alguna de su voluntad de someterse al escrutinio del Congreso tal y como exige el apartado segundo del artículo 99 de la Constitución.

Una vez cumplida esta demanda, Rajoy debe aceptar seis más. La primera de ellas supone comprometerse a separar de forma inmediata a cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. Hasta ahora el PP, oficialmente, promovía la separación sólo cuando al afectado se le abría juicio oral, si bien entre los dirigentes más jóvenes del partido la cultura que ahora pone sobre la mesa Rivera es ampliamente aceptada. Ciudadanos, en cualquier caso, contempla la posibilidad de recuperar al imputado si finalmente la Justicia sentencia su limpieza.

En el documento que Rajoy entregó a Rivera la semana pasada ya se incluía la disposición del PP a alcanzar un “amplio Acuerdo por la Regeneración” que, decía, “refuerce los mecanismos de lucha contra la corrupción y avance en nuevas áreas que precisan de un compromiso reforzado”.

En ese planteamiento genérico se incluían dos medidas que, en principio, coinciden con otras dos condiciones de las seis que exige Ciudadanos:  “reducir los aforamientos y garantizar la no concesión de indultos a los condenados por corrupción”.

Ahora Rivera pide la “eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos” con el argumento de que “todos somos iguales ante la ley”.

La diferencia está entre “reducir” y “eliminar”. Probablemente, al final, se tienda al primero de ambos términos aunque de forma exigente, ya que la supresión total del aforamiento requeriría de una reforma constitucional.

No habrá, sin embargo, problema alguno con la petición de la formación naranja de eliminar la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción política. El PP muestra su aceptación sin reservas.

Tampoco debería suscitar muchos inconvenientes la petición de aprobar por ley limitar el mandato del presidente del Gobierno a un “máximo de ocho años o dos legislaturas”. No se trata de una condición difícil acordar, si se tiene en cuenta que ya el ex presidente José María Aznar se la aplicó a sí mismo.

Ley electoral

Se trata, en primer lugar, de la exigencia de aprobar una nueva ley electoral que contemple como principios el incremento de la proporcionalidad, las listas desbloqueadas que permitan a los votantes una mayor influencia sobre la elección de los representantes e incentiven una rendición de cuentas más personalizada y la reforma del sistema de voto de los residentes fuera de España para facilitar una mayor participación. Esta última iniciativa implicaría la desaparición del llamado voto rogado.

La última condición impuesta por Ciudadanos se dirige expresamente al propio Partido Popular. Rivera reclama la creación de una comisión de investigación parlamentaria sobre la presunta financiación ilegal del PP, en definitiva, sobre el conocido popularmente como caso Bárcenas.

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