Los tres partidos han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional e incluso a la Comisión Europea porque la ley Celaá «impide la elección de centro a las familias», entre otros ataques a la concertada
«Anomalías históricas» y «manipulaciones» a través de invención de hechos, suposiciones no probadas u ocultamiento de información en los libros de Bachillerato