Rebajan un año la pena a uno de los condenados de la ‘manada’

Ángel Boza, sentenciado a 15 años por la violación grupal de San Fermín, es el último del más de un millar de agresores beneficiados por Irene Montero y la ley del «sí es sí»

Martes, 12. 09. 23

A. CASAÑ

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado de 15 a 14 años la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación grupal de los Sanfermines de 2016, en aplicación de la ley del ‘sí es sí’: entiende que fue penado considerando que la condena se aproximaba a un mínimo que con la reforma legal impulsada por el Ministerio de Igualdad, había bajado.

El 7 de julio de 2016, San Fermín, cinco hombres violaron a una joven de 18 años en un portal de Pamplona. Nacía el caso ‘La Manada’, que sustentaría a la larga una reforma del Código Penal para que todos los quebrantamientos de la libertad sexual de una persona fuesen considerados agresión y no abuso o agresión en función de las circunstancias. Esa reforma es la Ley de garantía integral de la libertad sexual y su aplicación ha acabado beneficiando a más de un millar de violadores. Incluido uno de los condenados por violar a aquella joven.

La conocida como ‘ley del sí es sí’ nacía con vocación de abolir lo que sus principales impulsores, en Unidas Podemos, denominan deliberadamente «código penal de La Manada», partiendo de la premisa falaz de que la regulación anterior no consideraba el consentimiento de la víctima como un elemento nuclear de la respuesta punitiva. Hay consenso jurídico en que si hay consentimiento, no hay delito. Ni antes, ni ahora.

La ley, impulsada personalmente por Irene Montero, que la anunció como primera gran iniciativa del Ministerio de Igualdad tras acceder al cargo, cambió la denominación para que todas las conductas contra la libertad sexual se llamasen agresión (de ahí que se considere así el beso no consentido de Luis Rubiales). Al hacerlo, modificó las horquillas de condena imponibles en los delitos sexuales rebajando los mínimos. En España, cabe recordar, cualquier reforma penal se aplica con carácter retroactivo en beneficio del penado.

Las voces que alertaron sobre los efectos que podría tener en este sentido fueron denostadas. La delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, llegó a llamar a los medios de comunicación a no informar sobre las pretensiones de los «abogados de violadores», mientras se azuzaba un discurso sobre «jueces machistas» y «justicia patriarcal».

Sin embrago, esas voces tenían razón. Pese ha haber estado en vigor en su redactado original sólo seis meses, la ley se ha saldado ya con más de un millar de rebajas de condena a otros tantos violadores y abusadores que estaban en la cárcel y la salida anticipada de prisión de más de un centenar. La última rebaja es, precisamente, a un miembro de «La Manada», al que el Código Penal abolido y criticado había permitido sancionar con más dureza que la ley defendida por Irene Montero a ojos, de nuevo de la justicia en Navarra. El lugar donde empezó todo.

Primera sentencia

Después de que la víctima denunciara los hechos y tras casi dos años de instrucción, la Audiencia Provincial de Navarra publicó su sentencia sobre el caso «La Manada»: calificó los hechos como abuso sexual continuado, que no agresión sexual porque no apreció violencia ni intimidación en las conductas, e impuso penas de 9 años de prisión. En diciembre, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la resolución en todos los términos.

Ya durante la investigación cundió el descontento en buena parte de la sociedad por el trato que estaba recibiendo la víctima en el proceso, pero la decisión de la Audiencia Provincial acabó por prender la llama. La indignación cundió en las calles y no sólo dentro del movimiento feminista. Comenzaron las consignas a partir de la consideración de que aquello no había sido un abuso, conducta que el Código Penal perseguía con ‘menos’ dureza porque las penas se escalaban en función de la concurrencia de otros elementos agravantes.

Las manifestaciones se sucedieron en distintas ciudades de todo el país y junto a las tradicionales pancartas sobresalían fotos de los cinco de ‘La Manada’. Las consignas: «yo sí te creo», «hermana, no estás sola», «no es abuso es agresión» y una más: «sólo sí es sí», es decir, que si ella no lo autorizó expresamente es que fue agredida. Irene Montero, portavoz entonces de Unidas Podemos en el Congreso, no fue la única en tachar la resolución de «vergonzosa». «Si yo no digo sí, todo lo demás es violación», zanjó.

Rectificación del Supremo

El Tribunal Supremo, aplicando exactamente el mismo Código Penal, hizo otra lectura de los hechos. Consideró que se trató de una violación continuada porque los cinco actuaron de forma coordinada y siendo «plenamente conscientes» de que ella no consentía las relaciones sexuales. Era una agresión, no un abuso. Elevó las penas a 15 años de prisión y sentó doctrina: si entre todos se produce una violación, todos son responsables de la misma, no cooperadores. Pero la idea de que algo no estaba bien en el Código Penal había ya calado.

Excarcelaciones

El goteo de rebajas de condenas comenzó el mismo día que la reforma del Código Penal entró en vigor. La primera de la que hay constancia se firmó el mismo 7 de octubre. Un profesor esquivaba 5 años de prisión por abusos sexuales a cinco chicos que habían sido sus alumnos y salía en libertad. Desde el Ministerio de Igualdad se empezó a poner el foco en los jueces, tachados de «machistas» y en los medios que se hacían eco de las rebajas de condenas. No había datos oficiales.

Las salas de las Audiencias Provinciales, como en los TSJ, comenzaron a celebrar reuniones para unificar criterios en el modo de actuación. En lugares como Madrid, se contaban en centenares los procedimientos que estaban sujetos a revisión. Imperó la decisión de que los tribunales habrían de actuar de oficio. Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso el foco en el Tribunal Supremo, en la confianza en que fijase una doctrina que frenase las rebajas.

Ya en abril de este año, hay 978 agresores sexuales beneficiados por rebajas y 104 excarcelados de manera anticipada. El PSOE, con los votos del PP, rectifica la Ley Montero e incorpora dos tipos penales para que haya penas más graves cuando en las distintas modalidades de agresión sexual concurran violencia y/o intimidación. El malestar en Unidas Podemos es evidente y lo manifiestan con una frase que se repite como un mantra: «la vuelta al Código Penal de la Manada».

A falta de la actualización de datos por parte del CGPJ, en julio se contaban al menos 1.155 rebajas y 117 excarcelaciones. La rectificación está en vigor, pero no impide las revisiones. La ley del ‘sí es sí’ estuvo vigente seis meses en su redactado inicial. Suficiente para que puedan acogerse todos los condenados antes de que llegase y todos los que delinquieran en ese periodo. Incluido Ángel Boza, al que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rectificado a la Audiencia Provincial y ha rebajado un año la condena a 15 que le impuso el Supremo como integrante de «La Manada».

La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, ha salido en defensa de su ley estrella a través de sus redes sociales, asegurando que «cuestionar de nuevo la gravedad de la violación no responde al mandato del ‘solo sí es sí’». «Lo argumenta el voto particular de la magistrada, la Fiscalía, el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se oponen a la rebaja, así como la Audiencia Provincial», ha manifestado. Y continúa sin ser fulminantemente cesada por Sánchez.