El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ratifica la sentencia de 2021 al considerar que el club «no se empobreció» al obtener 141 millones de plusvalías por los terrenos
Valencia, miércoles 06. 09. 23
A. CASAÑ
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación en el juzgado número 2 de Valencia impuesto por la empresa Litoral del Este, del Valencia CF, contra un fallo judicial de finales de julio de 2021 por el que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria (Valencia) quedaba absuelto del pago de una indemnización de 25 millones de euros por la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos.
El fallo del TSJ valenciano vuelve a ratificar ahora la actuación del Ayuntamiento en el litigio que ha mantenido con la mercantil Litoral del Este, que pretendía construir una ciudad deportiva en el área de Porxinos, además de 2.700 viviendas y un campo de golf en un área de alto valor ecológico, incluida ahora en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria, según recoge el consistorio en un comunicado.
El proceso judicial tiene su raíz con el convenio que se firmó en 2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la empresa citada para llevar a cabo el programa urbanístico a cambio de 20 millones de euros como contraprestación económica por la tramitación del PAI y su puesta en marcha en un futuro en esta zona del área oeste del término municipal.
Sin embargo, una sentencia primero del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior de ratificación por parte del Tribunal Supremo de junio de 2016, tras un recurso de la plataforma Salvem Porxinos, declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico, especialmente por «la ausencia de suficientes recursos hídricos en la zona» y por «la falta de concurrencia y publicidad en el trámite del plan urbanístico».
Según estas sentencias, tras las denuncias de Salvem Porxinos, se consiguió demostrar que en la gestión del Ayuntamiento y la mercantil del Valencia Club de Fútbol «no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes» y la adjudicación de la urbanización se realizó «a dedo y sin la oferta pública».
La empresa demandante (el Valencia CF) renunció en el año 2014 a las indemnizaciones económicas por la anulación del PAI a cambio de la tramitación de un nuevo proyecto «más respetuoso con el medio ambiente» y con una reducción del número de viviendas. De este modo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volvió a tramitar otro plan que, posteriormente, fue rechazado por la Generalitat Valenciana por su impacto ambiental.
El fallo actual del TSJ subraya que la empresa mercantil impulsada por el Valencia CF «obtuvo plusvalías de más de 130 millones de euros por la venta de terrenos de los terrenos a una nueva mercantil». «Lo que pretende indicar la sentencia apelada en su razonamiento es que no se puede indemnizar un daño que no ha existido», subraya el fallo de los magistrados del alto tribunal valenciano.
«La empresa demandante no ha sufrido un empobrecimiento en su patrimonio, sino todo lo contrario, solo esta apreciación nos bastaría para desestimar la acción subsidiaria, el ayuntamiento cumplió con sus obligaciones en la tramitación del PAI, con lo cual opera la renuncia en 2014 a las indemnizaciones que, hipotéticamente, le correspondían; vamos a desestimar el recurso en su totalidad», añade.
La sentencia del TSJ también hace hincapié en que durante el segundo intento de Litoral del Este por activar el PAI, en 2016, «la empresa ya no tenía ningún interés ni en el PAI ni en el proceso de selección de agente urbanizador, todo ello con independencia de la actuación (correcta a juicio del tribunal) del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria».
El tribunal hace referencia al caso omiso que hizo la mercantil cuando tras presentar toda la documentación en 2016 para reactivar el PAI, el consistorio inicia los trámites y le requirió especificar los metros cuadrados de suelo urbanizable hasta en dos ocasiones. El tribunal también explica que la alcaldía inició los trámites en abril de 2016 y en junio la empresa «ya había presentado una reclamación de responsabilidad contractual y extracontractual donde solicitaba la misma cantidad pedida en el presente proceso, 25,1 millones».
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