Denuncian a pubs, restaurantes y bancos por instar a los clientes a hablar en español

Ribó cerró accesos y dirigió a los valencianos según su conveniencia durante la procesión cívica del 9 d'Octubre/DEFENEMRibó cerró accesos y dirigió a los valencianos según su conveniencia durante la procesión cívica del 9 d'Octubre/IMAGEN RECURSO/ARCHIVO-DEFENEM

El informe sobre discriminación lingüística difundido por entidades subvencionadas por la Generalitat Valenciana señala a empresas privadas

Valencia, martes 13. 12. 22

A. CASAÑ

El último informe anual sobre «derechos lingüísticos» en la Comunidad Valenciana difundido por entidades catalanistas subvencionadas por la Generalitat como «Escola Valenciana» o la «Plataforma per la Llengua» recoge denuncias contra entidades privadas como bancos, restaurantes o pubs por instar a sus clientes a hablar en español.

El documento aspira a «visibilizar la discriminación que sufre la ciudadanía cuando habla valenciano». Aunque la mayoría de denuncias se dirigen a Administraciones Públicas o a las Fuerzas de Seguridad, también señala casos que afectan a particulares o a empresas, en la línea de la Oficina de Derechos Lingüísticos creada por el Gobierno presidido por el socialista Ximo Puig.

Así, el informe denuncia a un pub de la ciudad de Valencia que «expulsó a una cliente por dirigirse al camarero en valenciano para pedir una mesa para ella y para sus acompañantes».

En otro caso incluido entre las denunciar por «discriminación lingüística» se cita a un restaurante de la localidad castellonense de Peñíscola que, de acuerdo con la versión recogida en el informe, «echó a unos clientes por el simple hecho de dirigirse en valenciano al personal laboral».

El documento elaborado por Escola Valenciana y la Plataforma de la Llengua (autoproclamada como la «ONG del catalán») pone nombre y apellidos a algunas de sus denuncias a empresas privadas. Así sucede por ejemplo con el Banco Sabadell.

En el último informe anual se incluye el caso de una clienta de la entidad financiera del municipio alicantino de Gata de Gorgos, que fue «discriminada en la oficina bancaria por el simple hecho de hablar en valenciano». De acuerdo con este relato, «el personal laboral le obligó a hablar en castellano si no quería que la echaran del local».

El informe de denuncias sobre «derechos lingüísticos» del año 2022 también aporta un el caso de un ciudadano de la capital del Turia que «tuvo que dejar de hablar en valenciano y fue obligado a hacerlo en castellano si quería ser atendido por parte del personal laboral del Yacimiento de la Almoina».

 

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