Javier Caravaca
23.06.21
La justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde. Puede atender a otras definiciones técnicas o más concretas, pero es en este sentido, cuya etimología enraíza con el derecho natural o divino, donde podemos establecer un punto de vista razonable para discutir sobre la imposibilidad de un referéndum justo.
En nuestras democracias occidentales, entiéndase Europa, Australia, Japón, casi toda América… el concepto de referéndum encaja bien en la sociedad: un procedimiento de voto popular que avala una decisión política. De algún modo se quiere pensar que la voluntad del pueblo será lo más justo, mucho más que la decisión de una sola persona, o de un grupo selecto. Por ejemplo, ahora que es noticia el indulto a los condenados del procés en Cataluña, revive el debate sobre el referéndum de independencia: los catalanes deberían tener derecho a decidir la forma en la que quieren ser gobernados, si dentro de España o como nación soberana independiente. Parece justo, al menos mucho más que someterse al deseo de otros. Sin embargo, la voluntad del pueblo nada tiene que ver con la justicia. La opinión popular podría decidir lapidar a una mujer adúltera, desollar a un hereje o esclavizar a un negro de por vida, sin atender al principio moral de darle a cada uno lo que le corresponde. Y es aquí donde tropezamos con el primer escollo infranqueable: ¿cómo se determina qué corresponde a cada cual? La voluntad del pueblo podría considerar que a una mujer adúltera le corresponde morir a pedradas en la plaza. ¿En qué derecho natural o divino apoyamos tal justicia? La opinión popular podría entender sin lugar a dudas que de acuerdo con el derecho divino le corresponde a esa mujer morir por acostarse con quien las sagradas escrituras no permiten. Como ves, es muy difícil determinar los límites del principio moral atendiendo a la voluntad del pueblo. No es fácil de ningún modo.
En esencia, otorgarle al pueblo la autoridad para decidir sobre los principios morales de justicia es, cuanto menos, arbitrario. Pero hay otros aspectos que hacen imposible un referéndum justo. Destaca la técnica del proceso, el modo en que se evalúa el voto popular. ¿Cada persona un voto y todos equipotentes? Eso es lo que nos han inculcado en la escuela y en la televisión. Sin embargo, ¿vale lo mismo el voto de un discapacitado, tutelado por el Estado, que el de un camarero? ¿lo mismo el de un médico que el de un presidiario homicida? ¿A qué edad es justo votar en un referéndum? ¿una mujer de diecisiete años no tiene derecho a mostrar su opinión sobre la independecia de cataluña? ¿su compañera de instituto, que nació dos meses antes, sí? y su bisabuela, con demencia senil y más años que un siglo, ¿ella sí puede votar? ¿es su opinión fiel reflejo de la justicia? No resulta tan sencillo determinar quiénes pueden votar en un referéndum, y cualquier debate al respecto generará controversias. Ni que decir tiene la polémica que arrastra la forma en que se sumen los votos: ¿todos a la vez? ¿por municipios, para que cada uno tenga su opinión? ¿por circunscripciones arbitrarias? ¿por regiones, comarcas, provincias…? Cada cual tendrá su opinión sobre lo que es más justo y representativo de la opinión del pueblo, y dará más peso a la voluntad del individuo o de tal o cual zona geográfica, sin atender al principio moral natural que rige la justicia.
En el caso catalán, que sirve de paradigma para estas reflexiones, tampoco es obvio quién puede votar. Aun habiendo superado las dificultades generales del párrafo anterior, es imposible hacerlo de forma justa. ¿Es una decisión que deban tomar los catalanes, o todos los españoles? Sea como fuere, ¿quiénes son los catalanes? ¿los que nacieron allí, los que viven allí, los empadronados allí, los hijos de tres generaciones…? Hay que tener en cuenta que en Cataluña viven muchísimos inmigrantes sin arraigo cultural catalán, y otros muchos emigrantes catalanes que viven fuera, hablando catalán en la intimidad y bailando sardanas. Fuera cual fuese la selección del público votante no habría forma de atarla a la justicia.
«El voto de la turba es argumento de cosa pésima». L. A. Séneca, De la vida bienaventurada, 58 d. C.
Dando por bueno que hayamos encontrado un modo de hacer un referéndum justo de acuerdo con los parámetros anteriores, cosa imposible, aún quedan aspectos de futuro por resolver. Poniendo el caso de la independencia catalana como ejemplo de nuevo: sin importar el resultado del referéndum, ¿cada cuánto tiempo hay que volver a repetirlo? Sea cual sea el criterio de justicia en el se apoye, será igual de justo hacer un referéndum cada cierto tiempo para volver a consultar la voluntad del pueblo, indefinidamente, porque la masa de votantes cambia. En tal caso, lo que parecía una decisión importante a vida o muerte se convierte en una mera opinión pasajera, que en justicia debería consultarse cada día, haciendo prácticamente imposible el proceso. No parece justo condenar a los futuros habitantes de Cataluña a la decisión que tomaron un día otras personas por ellos.
Y aun suponiendo que los catalanes que votasen en ese referéndum imaginario fuesen elfos inmortales, en una comunidad hermética y estéril, donde la masa de votantes fuese siempre la misma con el tiempo, y tan iluminados que hubiesen encontrado un modo justo de hacer la consulta popular, en tal caso, habría que dejar, con el mismo principio de justicia que inspiró el primer referéndum de independencia, la posibilidad de que cualquier subgrupo de esa comunidad hiciera su propia consulta independentista para segregarse de Cataluña. Y así indefinidamente hasta el grupo mínimo de un individuo. Es decir, sería igual de justo que la provincia de Barcelona se independizaran del resto de Cataluña, y luego la ciudad de Barcelona del resto de la provincia, y luego los barrios de Gràcia del resto, y luego el barrio de El camp d’en Grassot y Gràcia Nova, y luego los de la calle Roger de Flor, y así hasta los del edificio número 2, y los del primer piso, y luego la independencia de los inquilinos de la puerta tres, para terminar cada uno por su cuenta. Aunque el resultado de tal cosa es un disparate, el proceso de referéndum nos lleva a ese límite absurdo.
Pero aun cuando no existieran todas esas complicaciones, la formulación de la consulta ya es un imposible de justicia. Hay que preguntar algo al pueblo, pero qué, cómo se pregunta, cuáles son los matices, cuál es el objetivo, en qué se traducirá el resultado… Por ejemplo, ante la pregunta “¿deseas que Cataluña sea una nación independiente de España?,” cabe plantearse si esa independencia llevará a una tiranía o a mayor libertad, si el estado será más intervencionista o menos, si gobernarán políticos de ideologías radicales o tecnócratas, si, en definitiva, los ciudadanos recibirán entonces lo que les corresponde o bien el principio moral de justicia se diluirá. Todos esos matices no caben en un referéndum, y son capitales. Uno puede preferir la mayor libertad posible, la soberanía de un Estado, la independencia de las regiones y la expresión libre de la voluntad de los individuos, como es mi caso, pero a la vez preferir que los políticos de mi pueblo se sometan a la Constitución española, y que el Gobierno de España atienda a los principios rectores de Europa, porque de otro modo temo que el Gobierno nacional se extralimite en sus injerencias y el alcalde de turno sea un déspota. O, dicho de otro modo más sencillo, preferiría que no hubiese un Rey que esté por encima de todos nosotros, sin mérito alguno para tal privilegio, pero miedo me da Pedro Sánchez sin ese baluarte que le ponga freno. Es decir: ¿prefieres que haya rey? no; ¿lo quitamos? ni se te ocurra. La consulta, sea como fuere, está viciada per se. No olvidemos que los políticos nunca pactarán un referéndum para mayor libertad de los ciudadanos ni para que expresen su deseo popular, sino que pondrán en marcha la máquina de la propaganda para polarizar al pueblo y ser los elegidos, sin importarles la justicia, ese principio moral de darle a cada uno lo que le corresponde.
No obstante, aunque resolviéramos todos esos problemas que subyacen al referéndum, la imposibilidad mayor sigue siendo de índole filosófica: la opinión popular, aun cuando fuera posible expresarla mediante un procedimiento de voto justo, no es ningún principio moral que otorgue a cada uno lo que le corresponde. El ideal de justicia nunca podrá cumplirse mediante la voluntad de la mayoría. Sonroja tener que recordarlo. El camino adecuado anda en sentido opuesto al referéndum: lo más justo es quitarle al pueblo, y a cualquiera, la capacidad de decidir qué es lo que le corresponde a cada uno en justicia.
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