Y recuerda la Carta Europea de Derechos Fundamentales en la que se defiende la potestad de poder elegir una formación que esté de acuerdo con sus creencias religiosas, morales y «filosóficas»
Valencia, viernes 05.02.21
Antonio Casañ.- La Unión Europea (UE) , a través de un portavoz del gobierno comunitario, reconoció ayer que «la educación es una competencia nacional» y que por ello son las autoridades de cada país las encargadas «de decidir cómo se organiza la enseñanza y la Comisión no tiene ninguna posibilidad de definirlo».
No obstante, la diputada comunitaria de educación, Sonya Gospodinova, aseguró en la rueda de prensa diaria de la Comisión, que desde Bruselas «seguimos la situación en España incluyendo la nueva ley y las intenciones del gobierno de reemplazar los sistemas que había por otros sistemas públicos» y por ello «la Comisión sostiene que los padres deben tener la posibilidad de asegurarse de que la educación que se les da a sus hijos corresponde a sus convicciones religiosos y a sus visiones filosóficas y educativas» tal como se recoge en el artículo 14.3 de la carta europea de Derechos Fundamentales.
Sin embargo, «esa carta impone obligaciones a los Estados miembros únicamente en los asuntos donde las instituciones europeas son competentes y como ya le acabo de decir la educación es competencia nacional exclusiva, lo que no permite ninguna opción inicial a la Comisión para opinar sobre las intenciones del Gobierno español».
Hay que recordar que el pasado miércoles, la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y diferentes organizaciones educativas del sector de la concertada, registró ante la Comisión Europea un escrito denunciando que la nueva Ley educativa, la LOMLOE o ‘Ley Celaá’, «pone en grave riesgo de vulneración Derechos Fundamentales y Libertades reconocidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea», lo que «supone, en definitiva, una amenaza al Estado de Derecho».
El objetivo del escrito es «informar y denunciar» ante la Comisión Europea lo que Más Plurales considera una «conculcación explícita de los principios básicos del Estado de Derecho de España y en el ámbito de la Unión Europea», con el fin de «contribuir a su necesaria e imprescindible corrección, haciendo efectivas las posibles acciones de carácter jurídico y político que se recogen en los Tratados Constitutivos y de Funcionamiento de la Unión Europea, y en las Comunicaciones de 2014 y 2019 de la Comisión relativas a la salvaguardia del Estado de Derecho y de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea».
Por todo ello, la plataforma solicita a la Comisión Europea que admita esta denuncia e inicie el recurso de incumplimiento en el que la Plataforma pide ser considerado parte interesada.
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