VOX impulsa un recurso de inconstitucionalidad contra la ‘Ley Celaá’ en las Cortes Valencianas

Isabel Celaá, ministra de Educación y FP - Img archivo twitterIsabel Celaá, ministra de Educación y FP - Img archivo twitter

Con el fin de defender la libertad de Educación y el derecho de todos los alumnos valencianos a ser escolarizados en español

Valencia, domingo 24.01.21

A.C.–  Después de recoger dos millones de firmas y varias manifestaciones de coches, seis organizaciones de padres, alumnos, profesores y patronales de la educación concertada han pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque consideran que la reforma educativa del Gobierno supone una «conculcación» de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y un «ataque sistémico al Estado de Derecho en España».

En este sentido, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana y portavoz de VOX en la Comisión de Educación, Llanos Massó, registró el pasado miércoles una iniciativa para que las Cortes Valencianas presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley Celaá» (Lomloe) con el fin de defender la libertad de Educación y el derecho de todos los alumnos valencianos a ser escolarizados en español. Para Llanos Massó la nueva ley educativa que impilsa el Gobierno de Sánchez “vulnera los derechos fundamentales de los valencianos y españoles”.

Para la diputada de VOX “existen motivos más que sobrados para presentar este recurso por parte las Cortes Valencianas al considerar que la «Ley Celaá» va en contra de nuestra Carta Magna dado que limita de forma indebida y desproporcionada los derechos fundamentales de los valencianos”.

En concreto, «esta ley vulnera el derecho fundamental a la libertad de Educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución española, pretende imponer a los niños una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada y diferenciada, la educación especial y la educación en español”.

LLanos Massó, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana y portavoz de VOX en la Comisión de Educación./informaValencia.com

LLanos Massó, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana y portavoz de VOX en la Comisión de Educación./informaValencia.com

VOX siempre ha denunciado que la LOMCE elimina el criterio de demanda social para la elección de centro educativo, deja desamparados a los niños con necesidades especiales que no pueden adaptarse a las aulas comunes de la educación inclusiva e impulsa la situación ilegal que se da en la Comunidad Valenciana al eliminar la lengua oficial del Estado, el español, como lengua vehicular. “La Ley Celaá se aparta de lo establecido por el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüística y del reconocimiento del español como lengua propia de todos los españoles”.

Al respecto, la semana pasada, la Concapa y la Cofapa, los sindicatos Fsie y Uso y las patronales Escuelas Católicas y Cece, integradas dentro de la plataforma Más Plurales, hicieron llegar una petición a Dolors Montserrat, ex ministra con el PP y actual presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que expresan sus críticas tanto al fondo como a la forma de la Lomloe.

En su escrito, argumentan que la ley «contraviene» la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 7 de diciembre de 2000 en su artículo14.3, que reconoce el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones pedagógicas. «Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas».

En ese sentido, el Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana ha registrado también un documento para que las Cortes Valencianas se personen como institución ante los tribunales y presentar el necesario recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley Celaá».

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