Con el fin de defender la libertad de Educación y el derecho de todos los alumnos valencianos a ser escolarizados en español
Valencia, domingo 24.01.21
A.C.āĀ DespuĆ©s de recoger dos millones de firmas y varias manifestaciones de coches, seis organizaciones de padres, alumnos, profesores y patronales de la educación concertada han pedido amparo a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo porque consideran que la reforma educativaĀ del Gobierno supone una Ā«conculcaciónĀ» de laĀ Carta de Derechos Fundamentales de la UEĀ y un Ā«ataque sistĆ©mico alĀ Estado de DerechoĀ en EspaƱaĀ».
En este sentido, la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana y portavoz de VOX en la Comisión de Educación, Llanos Massó, registró el pasado miĆ©rcoles una iniciativa para que las Cortes Valencianas presenten un recurso de inconstitucionalidad contra la Ā«Ley CelaÔ» (Lomloe) con el fin de defender la libertad de Educación y el derecho de todos los alumnos valencianos a ser escolarizados en espaƱol. Para Llanos Massó la nueva ley educativa que impilsa el Gobierno de SĆ”nchez āvulnera los derechos fundamentales de los valencianos y espaƱolesā.
Para la diputada de VOX āexisten motivos mĆ”s que sobrados para presentar este recurso por parte las Cortes Valencianas al considerar que la Ā«Ley CelaÔ» va en contra de nuestra Carta Magna dado que limita de forma indebida y desproporcionada los derechos fundamentales de los valencianosā.
En concreto, Ā«esta ley vulnera el derecho fundamental a la libertad de Educación reconocido en el artĆculo 27 de la Constitución espaƱola, pretendeĀ imponer a los niƱos una educación contraria a los principios y derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de forma clara y destacada en cuanto a la educación concertada y diferenciada, la educación especial y la educación en espaƱolā.

LLanos Massó, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana y portavoz de VOX en la Comisión de Educación./informaValencia.com
VOX siempre ha denunciado que la LOMCE elimina el criterio de demanda social para la elección de centro educativo, deja desamparados a los niƱos con necesidades especiales que no pueden adaptarse a las aulas comunes de la educación inclusiva e impulsa la situación ilegal que se da en la Comunidad Valenciana al eliminar la lengua oficial del Estado, el espaƱol, como lengua vehicular. āLa Ley CelaĆ” se aparta de lo establecido por el Tribunal Constitucional en materia de cooficialidad lingüĆstica y del reconocimiento del espaƱol como lengua propia de todos los espaƱolesā.
Al respecto, la semana pasada, la ConcapaĀ y laĀ Cofapa, los sindicatosĀ FsieĀ yĀ UsoĀ y las patronalesĀ Escuelas CatólicasĀ yĀ Cece, integradas dentro de la plataformaĀ MĆ”s Plurales, hicieron llegar una petición a Dolors Montserrat, ex ministra con elĀ PPĀ y actual presidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, en la que expresan sus crĆticas tanto al fondo como a la forma de laĀ Lomloe.
En su escrito, argumentan que la ley Ā«contravieneĀ» la Carta de Derechos Fundamentales de la UE de 7 de diciembre de 2000 en su artĆculo14.3, que reconoce el derecho de los padres a la educación de sus hijos conforme a sus convicciones pedagógicas. Ā«Se garantizan, de acuerdo con las normas nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democrĆ”ticos, asĆ como del derecho de los padres a asegurar la educación y la enseƱanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicasĀ».
En ese sentido, el Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana ha registrado también un documento para que las Cortes Valencianas se personen como institución ante los tribunales y presentar el necesario recurso de inconstitucionalidad contra la «Ley CelaÔ».
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