Manifiesto de la Universidad Católica de Valencia en relación con la ley de la eutanasia

Conclusión del Observatorio de Bioética sobre la eutanasia/Img. aciprensaAumenta la presión hospitalaria en la Comunidad Valenciana / informaValencia.com

«Es la verdadera amenaza que sufren los enfermos, sobre todo los terminales, en nuestra sociedad». La Iglesia califica la eutanasia como un acto malo ‘en toda ocasión y circunstancia’

Miércoles, 16.12.20

Manuel Huerta.-  La Universidad Católica de Valencia (UCV) ha hecho público un comunicado sobre la proposición de Ley de la Eutanasia promovida por el PSOE y Unidas Podemos. En el mes de febrero de este mismo año, investigadores del Observatorio de Bioética de la UCV presentaban el documento “La eutanasia que nos llega. Reflexión médica, jurídica y moral”. en el que se analizaba  la regulación, la terminología, las dos proposiciones de ley mencionadas así como un análisis crítico de las posibles leyes y una conclusión final.

La UCV desmonta en su nota los argumentos que esgrimen los promotores sobre la proposición de Ley y explican con el rigor de cifras y los datos, al dar cuenta de que, por una parte, las encuestas realizadas con tal fin ofrecen resultados diversos, fundamentalmente «debido a la manipulación de las preguntas que se incluyen en dichas encuestas». En concreto, en referencia a la consulta más significativa, por el número de personas incluidas en ella, promovida por el grupo de Joachim Cohen, de la Universidad VRIJE, de Bruselas, «se constata que ningún país europeo desea de forma mayoritaria la legalización de la eutanasia, pues siendo Dinamarca el país que lo requiere en mayor grado, su porcentaje de aceptación es de 6,79 sobre una aceptación máxima de 10. En España ese índice es de 6,08. Constatándose, por tanto, que, aunque la opinión europea sobre el tema no es unánime, la pretendida afirmación de que existe una abrumadora mayoría social que desea que esta ley se apruebe, es totalmente infundada», destaca la UCV.

Por otra parte y con respecto al apoyo a la Ley de las organizaciones sociales y médicas de los países desarrollados sobre la legalización de ambas prácticas, la UCV aclara que «el Comité de Bioética de España, órgano asesor del Gobierno para asuntos que implican temas éticos, afirma que “existen solidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública, y ello no solo por razones de contexto social y sanitario, sino, también por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía».


«La eutanasia y/o el suicidio asistido no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargos o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”

Más explícita, aun si cabe, es la Declaración del Consejo General de Médicos de España, que se reafirma en su compromiso del respeto a la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de su salud, recordando que el Código de Deontología Médica establece que “el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”. Además, y según dicho Código, “el médico tiene la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del paciente, aun cuando de ello pueda derivarse un acortamiento de la vida”, detalla el comunicado.

Recuerda asimismo la UCV que la Organización Mundial de la Salud, considera que “con el desarrollo de los métodos modernos de tratamiento paliativo no es necesaria la legalización de la eutanasia”. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado que “el derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva, configurado como un derecho de libertad, que incluye la propia muerte, no existiendo por tanto un derecho al suicidio, ni tampoco el derecho subjetivo a la libre disposición de la propia vida”.

Al respecto, el Código Penal Español, considera delito toda acción voluntaria realizada por una persona para terminar con la vida de otro ser humano.

Congregación para la Doctrina de la Fe

En el punto cuarto del comunicado, la UCV hace referencia a la institución más autorizada en el tema tratándose como se trata en España, con una población mayoritariamente católica, de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que señala en  exhaustivo documento de noviembre de 2019, bajo el título “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de la vida”, que “la intención de eliminar la vida del enfermo, por propia iniciativa o a instancia de terceros, con el fin de que no sufra, poniendo los medios que para realizarlo, es siempre contraria a la ética: se elige un mal, es decir, suprimir la vida del paciente, que, como tal, siempre es un bien en sí misma. Esto queda aún más claro si tiene en cuenta que, para afrontar el sufrimiento, siempre se pueden elegir otros medios: aliviar las molestias, controlar el dolor, consolar el sufrimiento, acompañar y mejorar la situación vital”.

También la CEE, con fecha 11 de diciembre de 2020, ha hecho pública una declaración, en la que entre otras cosas afirma: “la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta a la que estamos llamados es no abandonar nunca a los que sufren, no rendirse nunca, sino cuidar y amar para dar esperanza”.

Como publicó este diario en septiembre de este mismo año, la Congregación para la Doctrina de la Fe, con apoyo expreso del papa Francisco, ha publicado al Carta «Samaritanus Bonus», sobre el cuidado de las personas físicas en las fases críticas y terminales de la vida», en la que se rechaza de forma absoluta las prácticas eutanásicas, por inmorales, manifestando que la Iglesia considera que debe de reafirmar como enseñanza definitiva que la eutanasia es un crimen contra la vida humana porque, con tal acto, el hombre elige causar directamente la muerte de un ser humano inocente.

«El extraordinario y progresivo desarrollo de las tecnologías biomédicas ha acrecentado de manera exponencial las capacidades clínicas de la medicina en el diagnóstico, en la terapia y en el cuidado de los pacientes. La Iglesia mira con esperanza la investigación científica y tecnológica, y ve en ellas una oportunidad favorable de servicio al bien integral de la vida y de la dignidad de todo ser humano»

Además, según los datos de dos laboratorios sociales incontestables, uno de ellos realizado en Holanda que abarca el periodo 2010 a 2015, se constata que se contabilizaron 2.554 suicidios asistidos, de los cuales 431 fueron por “terminación de la vida sin petición”. En otro trabajo, llevado a cabo en Flandes en 1996, se pudo comprobar que el 3,3% de las eutanasias se habían practicado sin la preceptiva petición del paciente y en un tercer estudio también realizado en Flandes, se comprobó que se habían producido 1796 casos de eutanasia involuntaria, lo que constituye el 3,2% del total de muertes acaecidas en ese país. En otros estudios más recientes, se comprobó que el porcentaje de las eutanasias involuntarias fue del 1,8% y 1,7%; pero, además, en los pacientes de 80 años o más el porcentaje de eutanasias involuntarias se elevó al 52,2%, y en aquellos casos de enfermedades distintas al cáncer este porcentaje llegó a ser del 67,5%.

En su punto sexto, la UCV explica que «la puesta en marcha de una ley que favorece la eutanasia, sin antes haber desarrollado de forma suficiente los cuidados paliativos, supone un mayor atentado a la dignidad de la persona y una enorme injusticia social. Puesto que, en lugar de ofrecer medios humanos y materiales para cuidar a los pacientes en situación de vulnerabilidad, se opta por acabar antes con sus vidas, sin dar ni siquiera la posibilidad de elegir entre unos cuidados paliativos y la propia eutanasia. Si bien es cierto que el coste económico entre ambas opciones es significativo, una sociedad que no considera ofrecer todos los medios necesarios para dar los cuidados pertinentes a sus ciudadanos en las situaciones de vulnerabilidad y sufrimiento, prefiriendo acabar con sus vidas, no puede considerarse una sociedad libre, justa ni social».

Conclusiones

En su resumen de conclusiones, la UCV afirma que «la legalización de prácticas como la eutanasia y el suicidio asistido pretende mostrar como un bien social un proceder del todo inaceptable, tanto desde un punto de vista médico, como jurídico, sociológico y moral, pues estas prácticas conculcan el respeto a la dignidad humana y su defensa en toda circunstancia».

«Abordar el sufrimiento humano pretendiendo eliminar a las personas que lo padecen es, ante todo, un fracaso del sistema asistencial, pero también de la sociedad en general, que, lejos de suprimir a los débiles y sufrientes, debería eliminar su dolor, dedicándoles los mejores recursos disponibles, precisamente porque son los que más lo necesitan», concluye el comunicado.

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