Para manifestar «su contundente rechazo a la escuela única, pública y laica», que pretende imponer la nueva ley educativa
Viernes, 13.11.20
A. Casañ.- Entre pancartas con esloganes como «Se vende la Constitución española, la lengua castellana y la asignatura de Religión», una marea naranja –convocada por la plataforma Más Plurales– reclamó este viernes diálogo, libertad, tolerancia y consenso. Convocada por la plataforma Más Plurales, el acto de protesta discurrió de forma pacífica. «Cada día somos más», aseguró Pedro Caballero, presidente de Concapa: «ya ha conseguido alcanzar más de 1,3 millones de firmas de apoyo».
Bajo la consigna Mas libres, Más plurales, Más iguales, un centenar y medio de padres, profesores, representantes de la patronal de la escuela concertada y sindicatos docentes se concentraron este viernes frente al Congreso de los Diputados para manifestar su «contundente rechazo» a «la escuela única, pública y laica», que pretende imponer la «ley Celaá», a través de una tramitación parlamentaria que «no ha contado con el menor consenso de la comunidad educativa ni la sociedad civil».
Pese a las restricciones que impone la pandemia, entre los manifestantes no faltaron familias con sus hijos pequeños. Eran apenas un puñado, pero su presencia este viernes frente al Congreso con mascarillas y guardando las distancias de seguridad era muy significativa. «Tenía que venir porque debemos defender la educación que queremos para nuestros hijos», aseguró Clara Francés, con un niño en brazo y otro en el carro. «Estamos ante una ley que es un auténtico atropello porque no se ha consensuado con nadie».
Para Francisco José del Castillo, secretario general de FSIE- Madrid, la ley Celaá tiene un objetivo muy claro: cercenar la libertad de enseñanza. Pese a admitir que su sindicato no está a favor, por ejemplo, de la educación diferenciada, «respetamos el derecho de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos».
Libertad, pluralidad, convivencia fueron las palabras que más se hicieron oír entre los manifestantes. Una profesora de Bachillerato de una escuela concertada criticó «la falta de empatía del Gobierno de coalición» hacia «tantas familias en situaciones problemáticas» que llevan sus hijos a un centro de educación especial y que esta ley pretende eliminar.
Durante la lectura del manifiesto, los manifestantes denunciaron «la fuerte carga ideológica» de la nueva ley educativa, y con la que el Gobierno pretende «cambiar radicalmente el modelo educativo, al eliminar derechos y libertades» y «otorgar un papel subsidiario a la educación concertada con relación a la pública condenándola a su rápida desaparición».
También criticaron que «expulse y excluya del sistema educativo a más de dos millones de alumnos y de familias» de la educación concertada; relegue la asignatura de Religión y «condene al cierre de los centros de educación especial obligando a las familias a escolarizar a sus hijos en centros ordinarios aunque esa no sea su elección ni su voluntad».
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