PSOE, Podemos y ERC aprueban que el castellano deje de ser lengua oficial del Estado y vehicular en la educación

Isabel Celaá, ministra de Educacaión - informaValencia.comIsabel Celaá, ministra de Educacaión - informaValencia.com

Con abstención del PNV, Partido Popular, Ciudadanos y Vox han votado en contra

Jueves, 05.11.20

A. Casañ.-  El español deja de ser lengua vehicular de la enseñanza y deja de ser lengua oficial del Estado. La enmienda pactada por PSOE, Podemos y ERC a la «ley Celaá», que se tramita ya en el Congreso, que elimina la referencia al castellano como lengua vehicular y oficial, ha sido aprobada este jueves con los votos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Unidas Podemos y Esquerra Republicaba de Cataluña (ERC), más la abstención del Partido Nacionalista Vasco (PNV).

Partido Popular, VOX y Ciudadanos han votado en contra. Sus portavoces, Cuca Gamarra, Joaquín Robles y Marta Martín, respectivamente, han coincidido en calificar como un ataque a los derechos fundamentales de todos los españoles la aprobación de esta enmienda transaccional.

«El Gobierno está entregando la educación a cambio de votos para afianzar sus Presupuestos», ha expresado Cuca Gamarra, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. «Los españoles no merecen pagar ese alto precio para que el presidente siga en la Moncloa».

Joaquín Robles, portavoz de Educación de Vox en la Cámara Baja, ha añadido que esta ley supone «la culminación de un proyecto de inmersión lingüística que tiene como meta la ruptura de la unidad nacional por la vía de los hechos».

«La enmienda me parece gravísima y lo pararemos desde otras instituciones. Con los derechos fundamentales, señores del Gobierno, no se mercadea. Y menos si afectan a menores», ha señalado Marta Martín, portavoz de Ciudadanos en el Congreso.

También Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de Cataluña ha expresado «su más absoluto rechazo a la aprobación de esta enmienda, que se plega a los deseos del nacionalismo de excluir al español y a la cultura española de la escuela catalana». Y ha añadido que «nuestra Constitución nos sigue amparando y en ella confiamos para revertir esta situación, continuaremos recurriendo a la justicia para conseguir que nuestros hijos estudien en las dos lenguas oficiales y de los catalanes», ha recalcado.

El PSOE aprueba la exclusión del español con lengua vehicular del Estado. /Img. archivo informaValencia.com

El PSOE aprueba la exclusión del español con lengua vehicular del Estado. /Img. archivo informaValencia.com

El proyecto de ley educativo de la nueva Lomloe, dice en su articulado actual que «las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios. El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable». Pero se ha cambiado este último párrafo por otro que especifica que «las comunidades autónomas deben asegurar el derecho a recibir la enseñanza en castellano y las lenguas cooficiales de cada territorio de acuerdo con lo que prevén la Constitución y los estatutos de autonomía».

Plataforma Más Plurales

Además de la enmienda del castellano, ha sido aprobada también otra transaccional que impide que los centros que separan por sexos puedan recibir subvenciones públicas, a pesar de que es un modelo que avala el Tribunal Constitucional. «No se destinará ni un solo euro a la escuela elitista que segrega por sexos. Quien quiera llevar a sus hijos, en un delirio fundamentalista y sexista, a estos centros lo tendrá que pagar de su dinero», ha expresado Joan Mena, portavoz de Educación de Unidas Podemos en el Congreso.

En la puerta del Congreso se ha manifestado una multitud de personas, conducidos por la plataforma Más Plurales, que defiende «el derecho de todos los españoles a elegir libremente el proyecto educativo que consideran mejor para sus hijos». La Plataforma, que ha unido a asociaciones de padres y madres de alumnos, sindicatos, empresas y diferentes colectivos, ya ha recogido 300.000 firmas contra la reforma educativa.

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