«Entendemos que el valenciano tiene que ser un mérito, nunca un requisito y estaremos vigilantes en el desarrollo de Ley de Función Pública sobre la capacitación lingüística para nuevos funcionarios»
Viernes, 23.10.20
A. Casañ.- El Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia (ICOMV) se ha reunido este viernes con la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo y durante el encuentro, la presidenta del Colegio, la doctora Mercedes Hurtado, y el vicepresidente, doctor Pedro Ibor, le han trasladado a la consellera la oposición del ICOMV a que se imponga el valenciano como requisito obligatorio para trabajar en la sanidad valenciana.
«Desde el Colegio entendemos que hay que favorecer que el médico hable valenciano, pero esto debe facilitarse a través de la formación continuada en los distintos centros y no obligando a que se obtenga un título que certifique el grado de conocimiento lingüístico», explica un comunicado del Colegio de Médicos, que apunta además que «el ICOMV durante muchos años ha ofrecido cursos de valenciano a sus colegiados, y lo sigue contemplando dentro de su plan de docencia en pro de la formación continuada de los médicos y de la correcta comunicación médico-paciente. Sin embargo, defendemos que el valenciano tiene que ser un mérito, nunca un requisito».
Por su parte, Bravo ha explicado que la Ley recoge que la acreditación de la capacitación para el personal público se hará de forma proporcional y adecuada al puesto de trabajo que se desempeñe. Además, ha anunciado que, a través de un reglamento específico, se regulará de forma diferenciada la acreditación lingüística para el personal sanitario.
Hasta 1.063 mascarillas defectuosas fueron utilizadas en los hospitales valencianos durante la pandemia de la Covid-19./Img. archivo
Imposición lingüística
La consellera ha querido mandar un mensaje tranquilizador al colectivo médico en el sentido de que «el derecho a la salud y la atención sanitaria siempre primará sobre cualquier cuestión relacionada con la capacitación ligüística».
La titular de Función Pública ha insistido en que se trata de conjugar «el derecho de los ciudadanos a manifestarse en cualquiera de las dos leguas oficiales» en su relación con la Administración y con el derecho a la salud. Bravo ha recordado que la acreditación de la competencia lingüística no entra en vigor de forma inmediata, sino que tal y como contempla la Ley se desarrollará a través de un reglamento. Este reglamento incluirá las singularidades propias del sistema sanitario valenciano.
La acreditación de la capacitación será necesaria para las nuevas incorporaciones por medio de ofertas públicas de empleo, pero no afectará a los funcionarios que ya trabajan en la Administración valenciana. Las fórmulas para determinar esa acreditación se regularán en el reglamento.
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