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Opinión

Las leyes ‘progres’ de la segunda República Española

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Antonio Gil-Terrón Puchades 

29-06-2020

La Ley de Vagos y Maleantes fue redactada, debatida y aprobada por las Cortes de la Segunda República Española, y firmada y promulgada por su presidente, Manuel Azaña, el 4 de agosto de 1933.

La Ley de Vagos y Maleantes preveía el sometimiento de medidas de seguridad “progresistas” a las siguientes “clases de ciudadanos”: «Vagos habituales; rufianes y proxenetas; los que no justificaran la posesión o procedencia del dinero u otros efectos; los mendigos profesionales o los que vivan de la mendicidad; los que exploten a los menores, enfermos mentales, o lisiados; los ebrios y toxicómanos; los que suministren vino o bebidas espirituosas a menores de catorce años, y los que de cualquier manera promuevan o favorezcan la embriaguez habitual; los que ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio o tuvieren documentos de identidad falsos u ocultaren los propios; los extranjeros que quebranten una orden de expulsión del territorio nacional; y los que observen conducta de inclinación al delito, manifestada por el trato asiduo con delincuentes y maleantes, por la frecuentación de los lugares donde estos se reúnen habitualmente; por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales».

A los incursos en alguna de estas circunstancias se les imponía penas tales como el “internamiento en centros de reeducación por tiempo no superior a cinco años”, el “aislamiento curativo en centros de templanza por tiempo absolutamente indeterminado”, o el “destierro indefinido”. En honor a la Memoria Histórica es bueno recordar que La Ley de Vagos y Maleantes de Azaña, texto propio de un régimen totalitario, se engendró en el seno de las Cortes Constituyentes de la II República.

El 18 de agosto de 1934, la revista gráfica Estampa, publicó un interesante reportaje sobre esta ley «progresista». En la portada de dicha publicación, bajo el titular “EL PRIMER CAMPO DE CONCENTRACIÓN DE VAGOS Y MALEANTES”, se veía a un grupo de “vagos y maleantes”, en fila de formación.

Tras la aplicación de la ley, y las primeras redadas policiales, cerca de tres mil personas fueron internadas en la cárcel a lo largo y ancho del territorio español. De ellos, trescientos se hallaban en el pionero campo de concentración de Alcalá de Henares, en donde se les forzaba a realizar tareas tales como cavar zanjas, picar piedra, pintar paredes, o cortar leña, y todo ello sin percibir nada más que un descarnado rancho como toda contraprestación.

Por otro lado, la propia redacción de la Ley, por su redacción ambigua, dejaba una puerta abierta a que se cometiesen todo tipo de arbitrariedades por parte del poder establecido, al convertir – de facto – a los ciudadanos más desfavorecidos por la fortuna, en sospechosos habituales. Así, el hecho de vivir en zonas marginales y no tener un trabajo remunerado, convertía a un ciudadano en un presunto delincuente, carne de presidio.

Durante la II República española, en lugar de la actual “presunción de inocencia”, lo que existía era la “presunción de delincuencia”. Por otro lado, mientras la progresía iletrada tachó durante años a dicha Ley de franquista y fascista, los progres más leídos, por vergüenza torera, se cuidaron muy mucho de revolver en el cieno de sus miserias históricas.

Y es que la mierda cuando más se revuelve, peor huele.

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