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El Síndico de Cuentas dice que la falta de un plan de financiación es una ‘carencia muy significativa’ para las universidades

Selectividad/Universidad Valencia
Selectividad/Universidad Valencia

«Los criterios de reparto han quedado desfasados respecto al volumen o coste de prestación del servicio de cada universidad»

Jueves, 25 de junio de 2020

informaValencia.com.-  Según el informe de fiscalización que ha realizado la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana con la finalidad de «analizar el grado de implementación de la contabilidad analítica en las universidades públicas respecto del curso académico 2017-2018, de acuerdo con un programa de trabajo común acordado entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo autonómicos», la falta de aprobación de un plan de financiación plurianual para las universidades públicas valencianas «ha supuesto una carencia muy significativa» para estas instituciones de educación superior, «al no disponer del necesario instrumento para realizar una planificación estratégica a medio y largo plazo».

El estudio está referido a la Universidad de Valencia, la Universidad Politècnica de Valencia, la Universidad de Alicante, la Universidad Jaime I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Una de las cuestiones que aborda el documento, es el modelo de financiación del sistema universitario valenciano y destaca que no hay un modelo de financiación en vigor de las universidades públicas, pues el último Plan de Financiación Plurianual de estas se aprobó en septiembre de 2010.

La Sindicatura recuerda que estaba previsto que el modelo tuviera vigencia en el periodo 2010-2017, «aunque no se aplicó en ninguno de estos ejercicios, y desde 2013, por efecto de un ajuste del gasto público, las universidades públicas valencianas reciben una transferencia ordinaria inferior a la que les correspondía hasta entonces».

Por otra parte afirma que «los criterios de reparto actuales han quedado desfasados respecto al volumen o coste de prestación del servicio público de cada universidad» en los que se siguen utilizando los criterios de proporcionalidad determinados en 2010, hace más de diez años, para repartir una cantidad de fondos limitada».

Rectorado Universidad de Valencia/archivo
Rectorado Universidad de Valencia/archivo

De esta forma y «al no contar con un modelo de financiación ordinaria de las universidades en vigor, no existen criterios e indicadores de reparto y se sigue asignando una misma cantidad a cada universidad y esta solo se revisa para dar cobertura a algunos costes, no todos, inducidos por normativa ajena a la universidad».

Además y de acuerdo al análisis de la institución de control, las universidades públicas disponen de un modelo de contabilidad analítica aprobado por la Intervención General de la Administración del Estado, aunque los resultados obtenidos no han sido suficientes para cumplir con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley orgánica de Universidades. Esto es debido, principalmente, «a los problemas de reparto del coste del personal docente investigador en sus diferentes actividades, lo que ha imposibilitado el cálculo de la información de costes y de asignación de ingresos por curso académico, además de por ejercicio económico, así como para obtener costes por asignatura, en lugar de por titulación».

En lo referente al sistema transitorio de financiación de ayudas al estudio universitario, constata el informe que «no se ha cumplido con la finalidad de la reforma establecida en el artículo 7.1 del Real Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, por las dificultades encontradas en la implantación de un modelo de costes, de manera que no se sustenta la continuidad en el tiempo del modelo transitorio de financiación de ayudas al estudio universitario».

En este sentido, la Sindicatura añade que «el sistema transitorio establecido no es neutral respecto de las obligaciones financieras de las comunidades autónomas, de modo que el efecto de la subida de los precios públicos se traslada a los presupuestos de las comunidades autónomas, por la parte del componente de beca de matrícula no cubierta por el Estado».

 

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