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Comienza en el Congreso la tramitación de la ‘ley Celaá’

La ministra de Educación, Isabel Celaá en imagen de archivo
La ministra de Educación, Isabel Celaá en imagen de archivo

Un texto que no ha pasado por el Consejo de Estado, definido en la Constitución como “supremo órgano consultivo del Gobierno”

Jueves, 18 de junio de 2020

A.Casañ.-  Con todavía 141 nuevos casos de coronavirus contabilizados ayer en el país, en plena pandemia, sin consenso alguno con la comunidad educativa por atacar a la concertada, ningunear a la Religión y priorizar otras lenguas en detrimento del castellano, el Gobierno intenta sacar adelante la nueva ley de Educación, conocida también como “ley Celaá”.

Las enmiendas presentadas por Partido Popular, VOX y Ciudadanos, formaciones políticas que no presentaron textos alternativos, fueron rechazadas por el voto en contra de 195 diputados, mientras la ministra la ministra justificó que no pasara nuevamente por el Consejo Escolar del Estado, “supremo órgano consultivo del Gobierno”, definido así en la Constitución, con el argumento de que lo que diga el Consejo de Estado “no es preceptivo” y porque su anteproyecto “no habría sufrido modificaciones desde que el pasado 4 de marzo la llevara al Consejo de Ministros”, sin actividad parlamentaria por el confinamiento.

Las “novedades” más importantes de la nueva ley comienzan con la supresión del artículo que permitía que la asignatura de Religión en Primaria, ESO y Bachillerato computara en la nota media del alumno. Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas.

Religión, demanda social, comisarios políticos y el castellano

El nuevo gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, de acuerdo con su documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, establece que, como lo ha sido con la LOE y la LOMCE, la asignatura será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Este estatus se mantiene pero perderá, por primera vez, su alternativa. Esto implica que aquel alumno que decida no estudiar Religión no tendrá que elegir otra en su lugar, (asignatura espejo) por lo que quien no la curse podrá irse al recreo o a casa.

Además, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la “demanda social”, es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres. Celaá argumentó en su día que ese criterio es un “eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.

El apartado más preocupante se refiere a la constitución del consejo escolar de los centros concertados, en él que se menciona a un “representante del Ayuntamiento”“representante del Ayuntamiento”. Escuelas Católicas señaló que, basándose en la nueva redacción del artículo 109.3, que solo alude a garantizar plazas públicas, “el proyecto contraviene los derechos y libertades de padres y titulares, obviando el carácter complementario de la enseñanza concertada en la prestación del servicio público y social de la educación, que reconoció la propia LOE en 2006”.

El castellano queda en manos de los gobiernos autonómicos y de las diversa ideologías que los conforman. Sin ir más lejos, ayer mismo y tal como publica el diario Las Provincias, un miembro de la Coalición de Compromís, miembro además de la comisión organizadora del futuro congreso de la formación, el señor Ricard Chuliá, haciendo caso omiso a la sentencia del Supremo que confirma la anulación parcial de un decreto de la Generalitat que contempla usar el valenciano en la comunicación administrativa cuando las destinatarias sean autonomías “del mismo ámbito lingüístico” como Baleares y Cataluña y respondiendo al respecto a un tuit de la consellería de Educación que reflejaba un “bon día” reivindicativo,  escribió como respuesta “Bon dia i Puta Espanya!”.

En este sentido, el texto de la “ley Celaá” deja claro que corresponde a las “administraciones educativas aplicar los instrumentos de verificación, análisis y control propios del sistema educativo y promover la realización de análisis por parte de los centros, de modo que se garantice” que los alumnos de esta comunidad alcanzan la competencia “en el grado requerido” en lengua castellana “impulsando la adopción de las medidas necesarias para compensar las carencias que puedan existir en cualquiera de las lenguas”.

Clase de Religión/Paraula

Bachillerato y educación sexual

El texto también contempla la obtención del título de Bachillerato con una asignatura pendiente o la posibilidad de realizarse esta etapa en tres cursos en lugar de los dos como se ha hecho hasta ahora. Esto significa que los alumnos pueden pasar de 1º a 2º con más de dos asignaturas suspensas en lugar de repetir. En 2º se cursarían las suspensas más las de este curso. En un hipotético 3º curso se matricularían de las pendientes el curso anterior.

Además, la redacción del artículo 87 de la LOE, permitirá a las Administraciones educativas establecer proporciones equilibradas de alumnos según su tipología (discapacidad, inmigración, situación socioeconómica desfavorable, minorías, etc), lo que puede suponer que las comunidades modifiquen su normativa sobre admisión de alumnos, restringiendo los derechos de los padres a elegir tipo de centro y la puesta en práctica de procesos centralizados unilaterales en manos de las Consejerías autonómicas.

También se recoge en el texto que ya se va a tramitar, la asignatura Educación en Valores cívicos y éticos, que los alumnos cursarían en 5 o 6 de Primaria o en alguno de los 4 cursos de ESO de forma obligatoria. La materia, sospechosamente similar a la de similar a la de Educación para la Ciudadanía, instaurada en la LOE y que generó rechazo por su configuración como obligatoria y el pronunciamiento jurisprudencial sobre la objeción de conciencia escolar, pondrá a buen seguro en pie de guerra a las asociaciones de padres.

El proyecto de ley concede una gran importancia a la educación sexual, la coeducación y el respeto a la diversidad afectivo-sexual desde los 6 años. Esto posibilitará a los centros la impartición de contenidos sobre visiones variadas y no siempre compartidas por los padres, sobre identidad sexual o temas de género. De este modo, los principios del sistema educativo incluirán «l) El desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa» (artículo 1 de la LOE). Tanto en Primaria como en ESO, se incluyen como principios pedagógicos a trabajar en todas las áreas, “la educación para la salud, incluida la sexual y la educación emocional y en valores”.

La nueva ley elimina los itinerarios de la LOMCE que suponen que en 4º de ESO hay dos opciones: una dirigida a los alumnos que vayan a cursar Bachillerato y otra vía dirigida a los alumnos que desean cursar FP. Pero no son vías cerradas ya que desde cualquiera se puede cursar Bachillerato o FP. 4º ESO se configura en la LOMCE como un curso propedéutico, es decir, de preparación al Bachillerato o a la FP.

La LOMLOE, sin embargo, propone también una opción específica para determinados alumnos, que es la Diversificación Curricular (ya incluida en la LOE y nuevamente incluida en la nueva ley), que también conlleva una atención diferenciada y una división de grupos. Estos programas de diversificación curricular “estarán orientados a la consecución del título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo en el primero o segundo curso, o a quienes esta medida de atención a la diversidad les sea favorable para la obtención del título”, dice la LOMLOE.

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