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La fiscalía investiga 14 residencias de mayores en la Comunidad y prevé abrir diligencias en otras cuatro

Mónica Oltra en rueda de prensa este jueves/informaValencia.com
Mónica Oltra en rueda de prensa este jueves/informaValencia.com

El colectivo más frágil durante la crisis del coronavirus y el peor atendido por la consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la que dependen

Martes, 05 de mayo de 2020

M.Huerta.-  La Fiscalía mantiene abiertas diligencias preprocesales civiles, que pueden evolucionar a penales en función de la propia investigación, en 14 residencias de la Comunidad Valenciana para averiguar la atención, el seguimiento dispensado y la causa de la numerosa mortalidad en los centros, que dependen de la consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige la vicepresidenta del Consell de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra.

Hasta el momento y desde que que comenzó la crisis de la Covid19 han fallecido en nuestra región 479 personas mayores, residentes en los centros para la Tercera Edad. Con casos espeluznantes como las residencias de Alcoi, Torrent y Requena. De hecho, una plataforma constituida por familiares de la residencia de Alcoi fue la primera en presentar una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Alicante en este sentido. También el grupo VOX en Les Corts presentó hace unas semanas otra denuncia al respecto.  Cabe recordar además que las residencias, que comenzaron actuar con medidas preventivas desde el principio de la crisis aún en el mes de febrero, no recibieron el protocolo de actuación de Igualdad y Políticas Inclusivas hasta el 11 de marzo, según el presidente de la patronal de residencias privadas (Aerte), Jose María Toro.

En una semana se ha abierto una diligencia más –habían 13 y esta semana suman 14–, en concreto, en la provincia de Valencia, pero entre hoy y mañana el ministerio público se verá obligado a investigar a cuatro centros más –dos en Valencia y dos en Castellón– por haber registrado más fallecimientos por la Covid-19. De este modo, las diligencias se extenderán a 18 residencias.

La fiscal Ana Lanuza, coordinadora de lo civil en Valencia, para la que a primeros de abril  “los mayores eran la prioridad y había que protegerlos a toda costa”, en declaraciones a Europa Press señalaba que “es cierto que todavía sigue habiendo muchos fallecimientos, se trata de un colectivo vulnerable y en muchas ocasiones con patologías previas, pero también se ha mejorado en la atención y las cosas empiezan a funcionar en cuanto a protocolos de prevención”. Y si bien es cierto que la conselleria de Sanidad, por su parte, intervino el 19 de marzo todas las residencias en las que hubiera pacientes positivos, también es cierto que esa “vigilancia activa” se limitaba a la atención facultativa y la medicalización de algunas de ellas pero siempre sin equipos de vigilancia intensiva ni traslados a los hospitales.

¿Porqué han fallecido tantos mayores en las residencias?

Si se ha mejorado en la atención como señala la fiscal, ¿es que al principio de los contagios no se prestó la atención necesaria? Hay varios aspectos que contribuyen a pensar en la dejadez –intencionada o no– de la atención a este colectivo. Y lo corrobora el hecho de la prohibición de hacer los test CPR a las direcciones de las residencias o la consigna continuada de mantener a los ancianos ya con positivo por coronavirus en los centros para seguir su evolución, en lugar de trasladarlos a los hospitales teniendo en cuenta que desde hace ya cuatro semanas hay alrededor de un 40 por ciento de media semanal de disponibilidad de camas UCI, según la propia consellera Ana Barceló.

Además y mientras se habla de desescalada en todos los segmentos de edad de la población, se continúa manteniendo a los mayores aislados sin poder ver a sus familiares ni fijar una fecha a tal fin. En ese sentido, Lanuza ha declarado que esta situación es “muy cruel” para los familiares y para los propios residentes, “pero hay que pensar que es por su bien, para que no haya más contagios y se estabilice la situación”, sin explicar los porqués de la falta de pruebas de PCR generalizadas en los centros desde el primer momento (sobre todo tratándose de un colectivo “tan vulnerable”), la falta de material sanitario de protección tanto para los residentes como para los trabajadores socio sanitarios y la demora en la aplicación de los protocolos de aislamiento de los casos positivos.

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