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Celaá acelera en plena pandemia la tramitación de la nueva ley educativa

Isabel Celaá hoy en la entrevista de Antena 3
Isabel Celaá hoy en la entrevista de Antena 3

Comunicado del Ministerio intentando desmentir al colectivo ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’

Martes, 28 de abril de 2020

A.Casañ.-  El colectivo ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’ ha denunciado públicamente que el Gobierno sigue adelante con la tramitación de la modificación de la polémica Lomce, mediante la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) conocida popularmente como Ley Celaá que, entre otros despropósitos, prevé la desaparición de los colegios de educación especial que atienden a niños con grandes discapacidades intelectuales.

El Gobierno tramita así una ley para la que ni tiene ni ha buscado ningún consenso con los colectivos afectados –familias, profesionales, entidades, asociaciones– y ello con la población confinada y anestesiada por la evolución de la pandemia y sus consecuencias.

Al respecto, ayer por la tarde el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha emitido un comunicado en el que “desmiente rotundamente” la denuncia hecha pública el pasado fin de semana por la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’ y de la que se hacía eco Libertad Digital este lunes.

Según Educación, el texto del proyecto de Ley “recoge el compromiso de dar respuesta a las necesidades de los alumnos con discapacidad, sea cual sea el tipo centro en el que se escolaricen”.
Lo cierto, sin embargo, es que tal y como reconoce sorprendentemente la propia nota de prensa del departamento de Isabel Celaá, el Gobierno pretende que “en el plazo de diez años (…) centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.

Esto es de hecho lo que dice la disposición adicional cuarta del proyecto de Ley elaborado por Celáa y que sigue su tramitación en estos momentos y pese a la paralización del país. El sector afectado denuncia que el único resultado posible de que los centros públicos puedan admitir a este tipo de niños -lo que supondría una elevadísima inversión- sería que dejasen de asistir a los centros a los que asisten ahora -como es lógico sufragados en su mayor parte con dinero público-, con plena satisfacción de sus plenos afectados y sus familias.

El comunicado de Educación, de hecho, extrae otra frase de esa disposición adicional con la que pretende desmentir la denuncia de Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN, pero que en realidad reafirma los temores de los afectados: “Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Como se puede ver claramente lo que planea el Ministerio es que los centros de educación especial quedarán restringidos a aquellos alumnos que necesiten “una atención muy especializada”, lo que supondría obviamente la desaparición de la mayor parte del sector por mucho que el ministerio afirme que “es absolutamente falso que el Gobierno vaya a cerrar los centros de educación especial”.

Denuncia de la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’ 

La eliminación de los centros de educación especial se llevaría acabo, según el borrador actual de la Ley —concretamente se refiere a ello la Disposición Adicional Cuarta—, en un plazo de diez años en los que prácticamente todos los alumnos con discapacidad intelectual deberían ser trasladados de los centros especializados a colegios ordinarios.

La integración absoluta de todos los alumnos en los mismos centros educativos, independientemente de sus necesidades educativas y de cuidados reales, es una vieja reivindicación izquierdista para la que el Gobierno se escuda ahora en “el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas” y en cumplimiento de sus propios objetivos “de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

Desde la asociación ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’ denuncian que el Gobierno haya decidido “valerse de esta situación, en la que los ciudadanos no podemos manifestarnos ni salir a la calle” para mostrar su rechazo a una ley que, en sus propias palabras, “supone una tragedia para nuestros hijos”. El planteamiento del Gobierno en este sentido, significará un drama para muchas familias cuyos hijos tienen necesidades muy específicas no solo educativas sino de cuidado y salud, pues en muchos casos mantienen cuadros muy complejos relacionados con sus deficiencias.

Es tal la importancia de estos centros, no sólo para el cuidado de los niños sino para la vida de las familias al completo, que muchos de los colegios se han constituido alrededor de asociaciones de padres, que participan activamente en el mantenimiento y la gestión de los centros.

Según estas familias con la norma se pretende limitar los Centros de Educación Especial únicamente a aquellos alumnos que requieran una atención muy especializada —un término de por sí ambiguo— y, como consecuencia de lo anterior, “eliminar arbitrariamente la mayoría de los Centros de Educación Especial existentes” para el año 2030.

Koynoss

Esto, por supuesto, sin dejar margen a las familias para decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos, un derecho constitucional que no en vano la ministra Celáa negó explícitamente a finales del año pasado.

Mentiras y contradicciones

Desde ‘Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIEN’ se denuncia también que durante las semanas anteriores al estado de alarma se pidió a la responsable de Educación y Universidades del PSOE, la diputada María Luz Martínez Seijo, la supresión de la controvertida y polémica disposición adicional cuarta de la Ley que es la que recoge esta eliminación de los colegios de educación especial.

También recuerdan que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias manifestaron públicamente que no querían cerrar los colegios de educación especial, en cuyo caso no tendría ningún sentido que se mantenga dicha disposición dentro de la Ley. Sin embargo, el texto que se está tramitando sigue incluyendo la mencionada Disposición Adicional Cuarta.

A la vista de esta situación, la plataforma muestra su “absoluto rechazo a la estrategia del Gobierno” para lo que denominan “amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes”, y piden la “movilización social en redes sociales y medios de comunicación de quienes como nosotros estén en contra del cierre de los colegios de Educación Especial” en nuestro país.

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