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Bravo y Barceló intentan justificar los 4,8 millones de coste de los hospitales de campaña

Las conselleras Bravo y Barceló/GVA
Las conselleras Bravo y Barceló/GVA

La Fiscalía tiene abiertas al menos ocho investigaciones en la Comunidad relacionadas con muertes por coronavirus en centros de mayores

Sábado, 18 de abril de 2020

A.Casañ.- En principio y tal como anunció el presidente Puig, en lugar de 15 días, los hospitales de campaña han tardado más de 30 días en terminarse (todavía falta la instalación de aseos prevista para la próxima semana), con un sobrecoste de 300.000 euros por encima de los 4,5 millones previstos. Y cuando han estado terminados, según la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública Gabriela Bravo, al disminuir la presión en los hospitales nodriza, “se ha mejorado la instalación con más espacios y servicios, pensando en el confort y dignidad de los pacientes”.

Las casi 800 camas con las que cuentan los tres hospitales modulares que la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias ha desplegado en las tres capitales de provincia “supone un aumento del 9 por ciento de la capacidad de asistencia de los hospitales valencianos y de un 29 por ciento respecto a las camas libres que se disponían al inicio de la crisis”. Ahora recibirán pacientes diagnosticados de coronavirus que se encuentres leves y necesiten de vigilancia hospitalaria.

“La situación a mediados de marzo hacía presagiar una gran necesidad de camas y de las 8.952 camas hospitalarias de la red pública valenciana estaban libres un total de 2.774. Por ello planteamos la construcción de estos centros desde el punto de vista del tratamiento de una emergencia, para la que había que actuar con rapidez y determinación para aumentar de manera sólida y duradera la capacidad de asistencia sanitaria de la Comunitat Valenciana”.

Ahora, señaló Bravo, “contamos con centros sanitarios que ofrecen todos los estándares de habitabilidad y funcionalidad para la asistencia sanitaria durante un largo periodo de tiempo y que, a su vez, nos permitirán que los hospitales convencionales puedan recuperar su actividad habitual”. Las nuevas instalaciones cuentan con una capacidad conjunta de 798 camas (dado el caso se podrían ampliar hasta las 1.100), de las cuales, 370 están en el hospital de Valencia (en principio iban a ser 500), 240 en el de Alicante (previstas inicialmente 300) y 188 en el de Castellón.

Los tres disponen de sistemas de climatización, conducción centralizada de gases medicinales, conexión al sistema de alcantarillado, así como su propia red de datos y eléctrica pero, a su vez, están plenamente operativos e integrados en los sistemas de los hospitales de referencia de los que ya forman parte. En las obras han participado 450 personas entre el personal de la empresa pública instrumental TRAGSA así como montadores, electricistas, fontaneros, operarios de telecomunicaciones y bomberos de la Generalitat.

El coste del montaje de los tres centros modulares supera los 4,8 millones de euros y “están diseñados para que puedan ser desmontados y almacenados para un uso posterior en otra emergencia y en especial las relacionadas con el cambio climático, si llegara el caso”, ha concluido la consellera, que ha respondido a una pregunta en la posterior rueda de prensa que permanecerán montado “segur0” hasta “el mes de diciembre como mínimo”.

Fiscalías provinciales

“Desde mediados de marzo se están remitiendo a las fiscalías provinciales los casos de coronavirus de las residencias en las que se pueden abrir diligencias procesales de seguimiento, que pueden ser civiles o penales en caso de denuncias que, de momento, no nos constan. Ahora solo existe una investigación con respecto a una residencia y se ha facilitado toda la información al respecto”, ha señalado la consellera Gabriela Bravo.

La realidad es que el ministerio público tiene abiertas al menos ocho investigaciones en la Comunidad relacionadas con muertes por coronavirus en centros de mayores o como consecuencia del elevado número de contagios. Así lo confirman tanto las Fiscalías como otras entidades que ya han denunciado vía penal, que hablan de tres centros en la provincia de Alicante, tres en Valencia y dos en Castellón.

Los ocho expedientes abiertos de protección civil, como dice Bravo, no significan que se esté produciendo algún tipo de infracción penal o delito, sino que la fiscalía activa el proceso para velar por los derechos de personas vulnerables; una misión que tiene encomendada a la hora de comprobar hechos relacionados con menores, ancianos o dependientes, y como señalaron desde el ministerio público. tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid, y hay 124 diligencias dentro del ámbito civil tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos en España.

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