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VOX presenta denuncia en fiscalía para que se investiguen las residencias de mayores

De izda. a dcha. José María Llanos, Pte. Provincial de VOX Valencia y Pte. y portavoz adjunto del GP VOX Comunidad Valenciana y Pepe Gosálbez, Vicesecretario Jurídico de VOX Valencia y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valencia.
De izda. a dcha. José María Llanos, Pte. Provincial de VOX Valencia y Pte. y portavoz adjunto del GP VOX Comunidad Valenciana y Pepe Gosálbez, Vicesecretario Jurídico de VOX Valencia y portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Valencia.

Pide que se investigue la gestión de los protocolos que afectan a personas mayores, se estudien las cifras de fallecidos y se tomen medidas urgentes para mejorar la atención en este grupo de población

Viernes, 17 de abril de 2020

M.Cañardo.- VOX ha presentado una denuncia ante todas las fiscalías provinciales de España para que se investigue la gestión en las residencias de mayores de toda España. Esta iniciativa de la Dirección de Política Parlamentaria (DPP) está coordinada con la Vicesecretaría Nacional Jurídica y pretende que se esclarezcan las responsabilidades sobre la nefasta actuación que ha llevado a que nuestros mayores estén sufriendo unos índices de mortandad muy elevados, a la vez que exige la toma urgente de medidas para detener esta situación, según informa la formación política en un comunicado.

La población mayor es más sensible a sufrir los estragos del coronavirus, pero en España se ha visto agravada esta circunstancia por la falta de pruebas de detección de virus en este grupo de población, la falta de material sanitario en los centros de mayores, el retraso en la adopción de medidas en los centros y las directrices en varias comunidades de no atenderlos en los hospitales, pese a ser un grupo de alto riesgo.

La denuncia se sostiene también en la diferencia existente entre las cifras reales de fallecidos y las que aparecen recogidas en las estadísticas oficiales. Unos datos que ya han quedado de manifiesto en los contrastes realizados en comunidades como Castilla y León, Madrid o Cataluña. En ellas, los fallecidos en las residencias no se están computando como fallecidos por coronavirus. De esta manera las cifras oficiales quedan alteradas y no se pueden tomar las medidas adecuadas al “tiempo epidemiológico”.

Las fiscalías provinciales tienen competencia en materias de salvaguarda de derechos de los ciudadanos -como es el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud- por eso se les exige que tomen una serie de medidas urgentes. Entre ellas destaca la solicitud de que curse orden a las autoridades competentes para que se proceda a la inspección y el saneamiento periódico de todas las residencias de ancianos, independientemente de su titularidad. También se pide que se proceda a la entrega inmediata de material de protección sanitario para el personal de estos centros.

Por otro lado, se exige que se hagan test de detección de coronavirus a todos los residentes y personal de las residencias de ancianos para poder establecer las medidas de tratamiento y el ingreso hospitalario en caso de que sea necesario y se dote de material de atención sanitaria a las residencias de mayores.

El escrito también recoge la solicitud de que se actualicen de manera inmediata los datos reales de afectados y fallecidos para que se pueda luchar correctamente contra la extensión del Coronavirus; se soliciten los datos de fallecidos y posibles fallecidos a los registros civiles, funerarias e institutos forenses y se expidan los correspondientes certificados médicos; y se investigue de manera detallada la asistencia médica recibida por ancianos fallecidos en centros de mayores y domicilios particulares y se establezca la forma en que se produjo el tipo de atención dispensada conforme a los protocolos y los plazos de respuesta y la explicación de por qué no hubo asistencia hospitalaria en los casos en los que no tuvo lugar.

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