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El Consell establecerá el requisito lingüístico de la función pública con ‘proporcionalidad’

Bravo y Oltra durante el anuncio del anteproyecto de Ley de la Función Pública/GVA
Bravo y Oltra durante el anuncio del anteproyecto de Ley de la Función Pública/GVA

Aunque incluye el concepto “exigible” que pide Marzà para el nivel de conocimiento de valenciano, adecuado a las funciones correspondientes

Viernes, 14 de febrero de 2020

A.Casañ.- El pleno del Consell de la Generalitat Valenciana, ha aprobado este viernes 14 de febrero su propuesta de requisito lingüístico para acceder a un puesto de trabajo en la Administración Pública, con un reglamento posterior que marcará los niveles específicos para cada puesto en función de la relación de los funcionarios con los ciudadanos.

El texto final de la Ley recoge el concepto de «proporcionalidad» (que quería la Conselleria de Justicia) y el de«exigible» (que reclamaba Educación). Con respecto al anterior pacto que, para asegurarse que el requisito se implantara y a propuesta de Compromís, decía que «si transcurrido un año desde la entrada en vigor de la presente ley no se hubiere aprobado por el Consell el referido reglamento, la exigencia del valenciano se implantaría automáticamente”, incluyendo con detalle los niveles que se exigirían en cada categoría profesional, ahora especifica que el reglamento se hará «respetando, en todo caso, los principios de proporcionalidad y adecuación a las funciones correspondientes».


“El texto incorpora una nueva visión de la Administración Pública que impulsa la Generalitat, centrada en la transparencia, la independencia y la profesionalización, que permita la participación ciudadana y la mejora de los procesos de gestión y que haga factible la reducción de trámites administrativos y gastos innecesarios”, según el comunicado oficial

La Ley de Función Pública Valenciana aprobada este viernes, establece también que los interinos tendrán que aprobar al menos un examen para estar en bolsa; se creará una figura específica para que los directivos del sector público no tengan que ser necesariamente funcionarios; y se prevén evaluaciones a los seis años para Jefaturas de Servicio.

Ahora comenzará el trámite parlamentario donde los grupos de la oposición intentarán rechazar el requisito lingüístico, mientras el conseller Marzà y su partido Compromís, harán lo contrario, intentar una redacción todavía más estricta para imponer su doctrina lingüística en la Función Pública.

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