Educacion

El Gobierno amenaza a los padres con llevar el ‘pin parental’ a los tribunales

Pablo Casado y Santiago Abascal en el Congreso/Img ag. archivo
Pablo Casado y Santiago Abascal en el Congreso/Img ag. archivo

El Ejecutivo,  en contradicción con su exigencia de «no judicializar» la política, no lo hace en cambio, para que el Gobierno de Cataluña aplique las sentencias judiciales que exigen que el español sea también lengua vehicular en esa comunidad

Viernes, 17 de enero de 2020

Manuel Huerta.- El pin parental obliga a los padres a autorizar de manera previa y expresa la asistencia de sus hijos a cualquier tipo de actividad celebrada en el centro escolar. Pueden vetar así la presencia de los niños en talleres preparados por sus docentes en horas lectivas en las que se traten temas que no sean de su agrado, como la diversidad afectivo-sexual.

Una medida que parece acertada ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumple flagrantemente el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que les asisten a estos como padres.

Se trata pues de una solicitud que va dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian nuestros hijos, solicitando a la dirección que informe previamente a los padres, a través de una autorización expresa, sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación. Se trata en suma, de libertad de los padres para decidir sobre lo que quieren para sus hijos.

La amenaza como respuesta

Pues en este contexto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional anunció ayer que recurrirá por la vía judicial contra cualquier iniciativa “dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado” como el pin parental que se quiere aplicar por parte de Vox, PP y Ciudadanos en las comunidades de ­Madrid, Andalucía y Murcia para aprobar los presupuestos autonómicos.

“Cualquier norma que recogiera esta censura previa, este veto, vulneraría los derechos de los alumnos a recibir una educación integral, –y sesgada, añadimos– para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el res- ­peto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”, indicó la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Clase de Religión/Paraula

El veto de los padres a la asistencia de sus hijos a determinadas actividades va contra la legislación española, según el ministerio, que no da libertad a las familias para decidir sobre los contenidos curriculares ni permite presentar “objeción de conciencia” en educación. Son los docentes los encargados de diseñar las actividades pedagógicas acordes con los objetivos del currículum.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, expresó que una educación inclusiva y de valores “no es un derecho de los padres, es un derecho de los niños que está asegurado en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU”.

El pin parental fue una de las propuestas  de Vox durante la campaña electoral y está decidido a hacerla valer en las comunidades en las que sus votos son necesarios para aprobar los presupuestos. Así lo dijo la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, que condicionó su apoyo a los presupuestos de la región para el 2020 a la aprobación del pin ­parental.

Las escuelas de Murcia ya recibieron la instrucción a principios de curso de informar a los padres sobre las actividades que realizan. Sin embargo, los alumnos tienen la obligación de asistir. El Gobierno murciano, que está negociando los presupuestos, está en manos de la coalición PP y Ciudadanos pero necesita un voto de Vox para obtener la mayoría necesaria. El portavoz de la gestora de Cs, Jerónimo Moya, reconoce que a la formación naranja no le gusta la imposición del pin parental pero que el partido, como miembro del Gobierno regional, tiene la “obligación” de sacar adelante los presupuestos.

Para el ministerio, el pin parental vulnera el derecho constitucional de los niños a la educación y por eso Educación recurrirá ante los tribunales. “Seremos firmes”, escribía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no tardó en contestar: “Estáis pisoteando el derecho a la libertad de educación. Pretendéis moldear a los niños con vuestras chaladuras y sectarismos. Seguiremos protegiendo a las familias de vuestras pulsiones totalitarias. Dejad a nuestros hijos en paz”, escribió en la misma red social.

Desde el PP, su secretario general, Teodoro García Egea acusó a Sánchez de «adoctrinar» con «charlas extracurriculares» mientras «deja elegir si dan clases de religión o no». El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos establece que la religión no será computable ni tendrá asignatura alternativa. «Nosotros queremos libertad para todo«, remata a través de las redes sociales García Egea. Fuentes de los populares aseguran que «el Gobierno quiere que de forma obligatoria los niños reciban charlas extra curriculares (complementarias) que afectan a cuestiones morales impartidas por personal ajeno al centro educativo».

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, arremetió contra la «hipocresía» del Gobierno por no actuar igual cuando se trata de los derechos de los alumnos castellano hablantes en Cataluña. «¿La señora Celaá ha puesto en marcha algún mecanismo para garantizar ese derecho de los padres y de los hijos?», se preguntaba el diputado del partido naranja para a continuación responder que «no, porque eso enfadaría mucho a sus socios de Gobierno» subrayaba, en alusión a ERC.

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