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Bonig: ‘Las lenguas no se imponen, se enseña a respetarlas y amarlas’

Isabel Bonig ayer en Alicante/Img. PPCV
Isabel Bonig ayer en Alicante/Img. PPCV

El PPCV vuelve a tender la mano a Puig para implantar un sistema educativo que garantice la libertad de elección de las familias

Jueves, 09 de enero de 2020

A.Casañ.- La síndica del PP en las Cortes Valencianas, Isabel Bonig, ha anunciado la presentación de una iniciativa en les Corts «que vamos a llevar a todos los ayuntamientos de las tres provincias». En la propuesta se solicita, en primer lugar, la derogación de los artículos de la ley actual de 2018 que van en contra de la Llei d’us como la exención en zonas castellano-hablantes. Así lo adelantó este miércoles, en la sede del PP en Alicante, la presidenta autonómica de los populares, Isabel Bonig, quien ha manifestado también que tanto el conseller como el secretario de autonómico de Educación “piden verbalmente” la implantación de sus proyectos porque, según ha afirmado, son contrarios a derecho.

En segundo lugar, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana insta a Educación a que las indicaciones a los equipos directivos sobre la aplicación de la ley lo haga por escrito. «Exigimos que el gobierno de Puig cumpla la ley y las instrucciones las dé por escrito para dar seguridad jurídica a los directores y jefes de estudios de los centros”.

La propuesta solicita, en tercer lugar, la realización de una consulta vinculante a los padres para poder aplicar los proyectos lingüísticos de cada centro, la evaluación de los resultados académicos y la planificación para garantizar la elección. En cuarto lugar, también propone velar porque haya una oferta suficiente en valenciano y en castellano. “Así se garantiza la oferta en las dos lenguas para que las familias sean libres y puedan demandar la lengua en la que quieren que estudien sus hijos”.

“La ley del plurilingüismo aprobada en febrero de 2018 que establece un modelo único a implantar en toda la Comunitat prevé aplicar la inmersión a partir del próximo curso en secundaria, bachillerato, FP y educación para adultos», ha señalado Bonig, que ha añadido que «se obliga a dar en valenciano a alumnos hasta ahora escolarizados en castellano. No caben aplicaciones progresivas. Es un modelo a traición, sin tener en cuenta la realidad educativa y sin haber consultado con los centros y familias. En la ley no cabe la implantación progresiva».

La propuesta se enmarca dentro de una proposición no de ley que el PPCV tiene previsto presentar en el pleno de Les Corts, en febrero, y que Bonig se ha mostrado “dispuesta a debatir” con el Gobierno del Botanic, sobre todo, con el PSPV-PSOE. Así, la síndica popular ha reiterado su propuesta de acuerdo a Puig “para establecer un sistema educativo que garantice la libertad, seguridad y libertad a los padres que son quienes eligen la educación de sus hijos. La administración planifica. Me consta que hay gente del PSPV, alcaldes de la zona, que comulga con esto. Estamos dispuestos a negociar, pero si no nos dejan más remedio acudiremos a los tribunales”.

Bonig reiteró que  “hay un gran malestar social tras cuatro años y 40 sentencias en contra de la política educativa de Puig y los nacionalistas de Compromís. Tendemos la mano al PSPV con la mejor intención, pero Puig hasta ahora solo nos ha dejado la vía judicial y, en la anterior legislatura, no tuvimos más remedio que acudir a los tribunales”.

Por ello, recordó de nuevo que el PPCV pone sus servicios jurídicos a disposición de la comunidad educativa para que impugnen ante el TSJ los proyectos lingüísticos de centros que sean contrarios a la ley y a derecho. «No todos tienen suficiente capacidad jurídica para recurrir, por eso ponemos a disposición de la sociedad nuestros servicios jurídicos y que puedan acudir a la vía contencioso-administrativa para garantizar la defensa de  sus derechos de como padres con esta ley se ven mermados y condicionados. Este es el ultimo recurso».

Beatriz Gascó este lunes en rueda de prensa/Archivo Img. informaValencia.com

“Los impagos de Marzà paralizan obras de centros escolares en los municipios”

Por su parte, la portavoz popular de Educación en las Cortes, Beatriz Gascó, denunció el pasado domingo que «se han duplicado las reclamaciones por la baja calidad demandada en los proyectos de colegios que provocan situaciones como el reciente desplome de la pared de un colegio en obras en Alfafara».

Gascó acusó a Marzà de “ahogar a los ayuntamientos y a las empresas. Los propios arquitectos han duplicado el número de reclamaciones por la baja calidad demandada en los proyectos provocando situaciones como el reciente desplome de la pared de un colegio en obras en Alfafara y la diferencia de criterios en los pliegos de los concursos, en muchas ocasiones contradictorios. También ya se están paralizando algunas obras en municipios por los impagos de Marzà”.

Co el plan Edifiqueu fracasado por completo, «los datos demuestran que el Consell está recortando presupuesto para la construcción de centros y no paga a los ayuntamientos. Con el mayor presupuesto en la historia para construir colegios Marzà se ha convertido en el conseller que menos centros educativos ha construido en la Comunitat Valenciana desde tiempos inmemoriales”.

La portavoz popular de Educación añadió que “la ejecución presupuestaria de 2019, según los datos oficiales de la propia Generalitat, señalan que de los 214 millones de euros recogidos en los presupuestos de 2019 para construcción de centros escolares solo han pagado 6,1 millones, es decir, el 0,3% del total, lo que da a entender la parálisis total en la construcción de centros escolares”.

«Marzà se le ha olvidado construir al estar solo pendiente de politizar la educación pública, apostando por un modelo mediocre donde quiere imponer en las aulas su manera de hablar y su manera independentista de pensar”, finalizó Gascó en un comunicado de su formación..

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