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Educacion

Un estudio jurídico de Escuelas Católicas fundamenta el derecho de los padres a la elección de centro

Marzá, conseller de Educación y Celaá, ministra del ramo./Archivo iV.com

La patronal de la educación concertada que toma como base la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27, (puntos 1 y 3) de la Constitución, advierte de «posiciones totalitaristas» del Gobierno

Lunes, 09 de diciembre de 2019

A.Casañ.- Las declaraciones de la ministra de Educación en funciones, Isabel Celaá, en el último congreso de Escuelas Católicas en las que consideraba que «de ninguna manera el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza», continúan provocando la reacción de la patronal de enseñanza concertada.

En estudio jurídico de respuesta de Escuelas Católicas a la ministra, enviado la pasada semana a sus más de 2.000 centros educativos, explica los tres ejes en los que se sustenta el derecho de elegir centro.

-La Constitución Española (artículos 27.1 y 27.3).

-Sentencias del TC sobre derecho a la educación.

-Diferentes normativas internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Protocolo adicional al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de París; Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; Resolución Luster sobre libertad de enseñanza en la Comunidad europea, de 1984; y Resolución del Parlamento Europeo sobre modernización de la educación en la Unión, de 2018). Consultar aquí.

El documento recoge también las sucesivas leyes orgánicas que desarrollan el artículo 27 de la Constitución (LODE, LOE y LOMCE). El texto, elaborado por Escuelas Católicas, señala que si bien parecía incuestionable que los padres «son los primeros y principales responsables de la educación de sus hijos, y que como consecuencia de ello tienen el derecho a elegir la educación para sus hijos acorde con sus ideas y, en especial, según sus convicciones morales y religiosas», este derecho parece haberse puesto en duda tras las declaraciones de Celaá.

En el informe se explica que aunque consideran razonable que el Estado intervenga en la educación, lo que dijo la ministra no es correcto no desde un punto de vista jurídico, por lo que las declaraciones de Celaá son «propias de una concepción de la educación que desplaza el papel de los padres como responsables de la educación de sus hijos hacia el Estado, y que parecen más próxima a posiciones de corte totalitario que de las modernas democracias».

 

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