Actualidad Educacion

‘Si el que educa es el Estado, volvemos a la dictadura, al totalitarismo’

Cadenal Arzobispo Antonio Cañizares, Gran Canciller de la UCV/Arch.

El Cardenal Cañizares se refiere en su carta semanal a la libertad de educación, las declaraciones de Celaá y la enseñanza religiosa

Domingo, 24 de noviembre de 2019

informaValencia.com.- «Lo que está en juego en la cuestión educativa, lo he dicho muchas veces, es: “¿quién educa, la familia o el Estado? Si es el Estado, vamos o volvemos a la dictadura, al Estado totalitario, a la supresión de derechos fundamentales o al no respeto a éstos, a quitar a la familia algo que le corresponde en su ser más propio e inalienable, y a la eliminación del principio de subsidiariedad que sustenta y fundamenta la sociedad y el Estado democrático».

El Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, aborda este domingo en su Carta semanal en el sitio http://www.archivalencia.  de la Archidiócesis, la libertad de educación y la enseñanza religiosa, atacadas desde el propio Gobierno en funciones en los últimas semanas.

El Cardenal comienza criticando con dureza la intervención de la ministra Celaá en el Congreso de Escuelas Católicas, calificando sus palabras de «desacertadas, erradas, reprobables y fuera de sitio las palabras de la Sra. Ministra». Al respecto, Antonio Cañizares a la refiere a la enseñanza religiosa y el derecho a la libertad de los padres para elegir centro escolar para sus hijos: «Ambos conceptos están unidos y forman parte del mismo derecho inalienable de los padres en materia de libertad de enseñanza y de su ejercicio, como reclaman los pactos internacionales sobre derechos humanos, suscritos por España».

El Cardenal Arzobispo de Valencia se centra en el artículo 27 de la Constitución, «en el que se reconocen y garantizan, entre otras cosas, el derecho universal a la educación y la obligatoriedad de la enseñanza, el derecho a una educación integral de la persona, el derecho de las familias, de los padres, el derecho de los menores, a la libertad de educación para elegir la educación que los padres quieran para sus hijos y el derecho a que los hijos reciban la educación moral y religiosa conforme a sus propias convicciones, -art. 27, 3-, en consonancia, además, con el derecho primero y básico a la libertad religiosa y de conciencia, el derecho a la libertad de cátedra, el derecho a la creación y dirección de centros de personas e instituciones, así como los deberes correspondientes que de ahí dimanan armónicamente conjugados».

Con contundencia, Cañizares prosigue explicando que «la norma constitucional supera con creces la afirmación de ‘una alternativa para la enseñanza del Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid’, de 1976, que abogaba por una escuela o enseñanza ‘única, pública, laica y neutra’, tan querida por los socialistas. No en balde fue autor de esta “alternativa” un socialista, hondamente y de verdad, D. Luis Gómez Llorente, intelectual honesto y moderado. La Constitución, con toda claridad, apuesta y aboga por una enseñanza que sea educación de la persona. No se queda en una mera instrucción y transmisión de conocimientos y saberes, de capacidades y destrezas».

Educación integral de la persona

Para el Cardenal, el artículo 27 vá a más allá y «aboga por la educación integral de la persona. Es fundamental que le sea reconocido el papel primario, fundamental, originario, imprescindible, básico e inalienable a la familia, a los padres, en el campo de la educación de los hijos. Son los primeros e imprescindibles responsables de la educación de sus hijos», y añade al respecto que «las demás instituciones: Escuela, Estado, Iglesia… somos subsidiarios de la familia, no podemos, ni debemos ni nos asiste derecho alguno a sustituirla, a invadirla, a debilitarla o a impedirla».

«De estos principios se desprende la así llamada, en España, ‘enseñanza concertada’, impulsada por la iniciativa social y, digámoslo y reconozcámoslo con gratitud claramente, por el PSOE», reconoce el Cardenal.


«Los padres, en el campo de la educación de los hijos, son los primeros e imprescindibles responsables de la educación de sus hijos. Las demás instituciones: Escuela, Estado, Iglesia… somos subsidiarios de la familia, no podemos, ni debemos ni nos asiste derecho alguno a sustituirla, a invadirla, a debilitarla o a impedirla. De estos principios se desprende la así llamada, en España, “enseñanza concertada”, impulsada por la iniciativa social»

Enseñanza religiosa

En este punto, Antonio Cañizares resalta en su misiva que «la enseñanza religiosa escolar no es ningún privilegio de ningún grupo particular de la sociedad, ni una intromisión en el marco secular escolar. Es un derecho-deber de los padres que tienen la responsabilidad y les cabe la pertenencia y prioridad a ellos de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales». «La enseñanza religiosa escolar es obligatoria para los Centros, sean de iniciativa estatal o social, pero es libre para los alumnos o sus representantes legales, los padres. La enseñanza de la religión en la escuela no es una concesión de gracia que hace la Administración Pública a unos determinados ciudadanos, tampoco es un privilegio de la Iglesia Católica».

En este sentido, el Cardenal señala que «cuando el Estado garantiza la enseñanza de la religión y de la moral en la escuela, en condiciones equiparables al resto de asignaturas, cumple sencillamente con su deber, y fallaría en ese mismo deber para con los ciudadanos y la sociedad, cuando no propiciase el libre y pleno ejercicio de este derecho o no posibilitase de manera suficiente y eficaz este derecho».

Para finalizar, Antonio Cañizares subraya que la enseñanza religiosa y moral elegida por los padres para sus hijos se corresponde con «un derecho fundamental, inseparable, además, del derecho de libertad religiosa y que no es en virtud de una concepción positivista del derecho por lo que está en la escuela, sino por derecho propio».

Y el Cardenal avisa de que en el fondo de las palabras de Celaà también subyace la visión e implantación de la escuela única, pública, laica y neutra que se reclama desde su sector partidista. Así, nos abocamos de nuevo a una dictadura y a no avanzar por el camino democrático emprendido y consolidado hace más de 40 años en la Constitución. Y así se ve claramente en el preacuerdo, que no se tiene en cuenta el bien común de España, que debiera importar por encima de todo, y, además, que conlleva en su entraña misma un cambio cultural inadmisible constitucionalmente y una dictadura de pensamiento único inadmisible también desde todos los puntos de vista conformes a la razón y a una sociedad libre.

Con las manifestaciones de la Señora Ministra «se daña y hiere a toda escuela, a la totalidad de padres y alumnos. ¿Cómo no defender más y mejor la libertad de todos los padres para elegir enseñanza religiosa para sus hijos y no quedarnos sólo en la defensa de elegir centro? Invito a todos a exigir este derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos y a movilizarse en consecuencia», finaliza Cañizares.

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