SOCIEDAD TRIBUNALES

La pena de prisión permanente revisable se aplicó en el 58,8 por ciento de los casos en los que fue solicitada por las partes

Ana Julia Quezada sale esposada del juzgado/T5

Las personas condenadas son, en todos los casos, hombres; entre las 16 víctimas hay siete menores, cinco de ellos niñas, y  nueve adultos, de los que cinco son mujeres

Lunes, 16 de septiembre de 2019

Antonio Casañ.- Nicasio Marín, el médico internista que firma el informe sobre la muerte del niño Gabriel Cruz presentado por la acusación particular en el juicio que se celebra en la Audiencia de Almería contra Ana Julia Quezada ha afirmado este lunes que la acusada usó una “violencia intensa y extensa” contra el menor. “Saben ustedes que esta sesión ha sido a puerta cerrada, así lo ha decretado la magistrada Alejandra Dodero y voy a cumplir y acatar, pero puedo decirles que hemos aportado pruebas y evidencias de una violencia intensa y extensa”, ha manifestado el perito a los medios de comunicación presentes a la salida de los juzgados.

El informe aportado por los abogados de la defensa, que la semana pasada trató de avalar la fiscal Elena Fernández en sus interrogatorios, determina que Gabriel murió al sufrir una “anoxia anóxica” tras una “asfixia mecánica por sofocación manual”, en concreto una “oclusión extrínseca” de los orificios respiratorios, fosas nasales y boca, sin contemplar, como mantiene la acusación, que la acusada pudiera haber golpeado previamente y dejar “agonizando” al niño durante más de una hora.


Para Marín, el relato de los hechos es “terrible”, por lo que considera que el informe que ha presentado es el “corazón del asunto”, con una declaración ante los nueve miembros del jurado popular que ha destacado por la “crudeza relatada de forma contundente y clara”

A propósito de este proceso recogemos una comunicación de prensa que ha emitido este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Desde su introducción en el Código Penal tras la reforma de 2015, la pena de prisión permanente revisable ha sido aplicada por los tribunales españoles en diez de los diecisiete casos en los que había sido solicitada por alguna de las partes. Es decir, en el 58,8 por ciento de las sentencias dictadas.

De esas diez sentencias, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial hasta el 31 de julio de 2019, una se dictó en el año 2017; cuatro en 2018 y las cinco restantes en los primeros meses del año en curso.

Los condenados a la pena de prisión permanente revisable en las diez sentencias analizadas son 10 hombres; de las 16 víctimas asesinadas en total, 10 eran mujeres (62,5 por ciento), cinco de ellas niñas; y 6 eran varones, entre ellos dos niños. El número de menores asesinados (7) representa el 43,8 por ciento del total.

En todos los casos, el tribunal apreció la existencia de alevosía en la comisión del delito y aplicó la agravante de parentesco entre la víctima y el condenado. En dos casos hubo agravante de género y en cinco, la condena incluyó al menos otro delito (en cuatro de esos cinco casos el otro delito era agresión o abuso sexual).

Entre dos y tres años para emitir sentencia

El tiempo medio de respuesta de los tribunales (los días transcurridos desde que ocurrieron los hechos hasta que se dictó la resolución por el tribunal del jurado) fue de 745 días en la sentencia de 2017; de 780 días en las de 2018 y de 844, en las de 2019. En esos procedimientos intervinieron órganos judiciales situados en las provincias de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo, Valladolid y Vitoria.

Ana Julia Quezada, autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, en la sexta sesión de proceso que juzga la muerte del pequeño y que se celebra en la Audiencia Provincial de Almería este lunes que continúa con la declaración de forenses y peritos médicos./LV

Además de esas 10 resoluciones, se dictaron otras siete sentencias en las que la pena de prisión permanente revisable fue solicitada por alguna de las partes pero el  tribunal no la impuso: una en 2016 (la petición fue de la acusación particular); dos en 2017 (en ambos casos fue la acusación popular la que formuló la solicitud de pena máxima); tres en 2018 (las peticiones las realizaron bien las acusaciones particular y popular bien la Fiscalía); y una última sentencia en 2019 (con petición de la acusación particular).

En estos siete casos resultaron condenados 10 hombres. Las víctimas fueron 6, cuatro hombres y dos mujeres.

Segunda instancia y casación

En el periodo temporal que abarca el informe se han detectado tres sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales superiores de justicia: dos, de 2018, de los TSJ de País Vasco y Canarias; y la tercera, de 2019, del TSJ de Galicia. Las tres sentencias confirmaron las penas de prisión permanente revisable impuestas por el tribunal del jurado y el tiempo medio de respuesta (el transcurrido entre las resoluciones dictadas en primera y segunda instancia) fue de 90 días.

En 2019, hay una única sentencia del Tribunal Supremo relacionada con un procedimiento en el que se impuso al acusado la pena de prisión permanente revisable. La Sala Segunda revocó la sentencia del TSJ de Canarias (que había sido confirmatoria) y fijó la pena en 24 años de prisión. Entre el día en que se produjeron los hechos y la sentencia dictada en casación transcurrieron 1.098 días.

La pena de prisión permanente revisable está prevista en el artículo 140 del Código Penal para los asesinatos en los que la víctima sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el asesinato sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; cuando el autor del crimen pertenezca a un grupo u organización criminal; y cuando el reo de asesinato haya sido condenado por la muerte de más de dos personas.

Las sentencias analizadas han sido localizadas extraídas de la base de datos documental del CENDOJ.

 

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