Salud Valencia

Los médicos valencianos rechazan la Ley de Función Pública por ‘excluyente’

CESM Valencia

Piden «la exclusión completa e incondicional del personal sanitario de lo previsto sobre el uso del valenciano en el borrador de la Ley»

Valencia, jueves 18 de julio de 2019

Antonio Casañ.- Una gran mayoría del colectivo médico, a través del sindicato CESM en la Comunidad Valenciana, manifestó ayer su rechazo a que el conocimiento del valenciano se convierta en un requisito excluyente para obtener una plaza. Desde el propio sindicato se avisó con contundencia que toda «agresión lingüística a nuestro colectivo, desde evidentes posiciones de intolerancia, será considerada en sus justos términos y dará lugar a las respuestas adecuadas».

El colectivo medico asociado en CESM pide a la consellera que reflexione sobre si de verdad cree que una «parada cardíaca se trata de diferente modo en castellano, valenciano o euskera, porque si eso es lo que alguien piensa en su departamento tenemos un problema de cohesión social, de concepción de la atención sanitaria y de libertades cívicas».

El borrador de la Ley de la Función Pública

El malestar de los médicos se hace patente después de la declaraciones de la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, quien en alusión a la próxima aplicación Ley de Función Pública aclaró que la «exención del requisito lingüístico para el ámbito sanitario se aplicará si entrara en colisión con el derecho a la salud». Es decir, que se recurrirá a profesionales que no tengan la capacitación, siempre y cuando no haya nadie en bolsa con conocimiento del valenciano.

Es decir, que la excepción se considera provisional porque «se trata de una excepcionalidad que tiene que estar bien justificada y siempre sería de forma provisional, nunca definitiva, hasta que pudiera ser ocupado por una persona con capacitación», según las declaraciones de Bravo, quien explicó que «para el ámbito sanitario la exigencia del requisito nunca debe entrar en colisión con el derecho a la salud y, por tanto, si esta exigencia produce una disfunción en el funcionamiento del sector público sanitario, priorizaremos siempre el servicio público sobre la exigencia de la capacitación».

El borrador de la Ley de Función Pública establece que el personal estatutario no se encuentra comprendido en su ámbito de aplicación. Sólo en el caso de que alguna materia no se encontrara regulada podría aplicarse de modo subsidiario. En contestación a Bravo, el Sindicato Médico exige «la exclusión completa e incondicional del personal sanitario de lo previsto sobre el uso del valenciano en el borrador de la Ley de Función Pública».


La organización sindical, tal y como dejó claro hace meses, «no va a aceptar nunca la imposición de ningún tipo de requisito lingüístico porque implica una exclusión inaceptable. La puntuación del mérito se ha mostrado suficientemente eficaz y pretender llegar más allá es pura demagogia y provocación sin beneficio razonable alguno»

Además, en Sanidad «ya se aplica una política de respeto y potenciación del valenciano siendo su conocimiento fuertemente valorado, tanto en los procesos selectivos de personal fijo como en las contrataciones de tipo temporal. Esta política, asumida por los sindicatos de la Mesa Sectorial, ha dado como resultado la normalización del uso indistinto de ambas lenguas sin que ello haya sido motivo de conflicto alguno».

Por todo ello, desde CESM-CV hacen un llamamiento a la consellera «a no caer en posiciones ajenas a los intereses de la mayoría de los valencianos», y incidieron en que «los médicos tenemos claro que lo primero son los derechos sanitarios de nuestros pacientes, a continuación otros derechos de los que sean titulares y, en cuanto a ideologías, somos ajenos a ellas cuando ejercemos».

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