Manuel Huerta
04-07-2019
Carmen Montón, –a la que en su momento califiqué como la «consellera Muerte» por su irracional y visceral ataque a la subvención institucional del IVO–, que se vió obligada a dimitir (Gracias a Dios) por sus mentiras al acceder al Gobierno de Sánchez respecto de su patrimonio, en connivencia con su colega entonces en el Consell, Vicent Marzá, inició un proceso para vetar que los estudiantes de universidades privadas, especialmente de Medicina y de Enfermería, pudieran desarrollar sus habilidades profesionales (prácticas) durante su periodo de formación en los centros dependientes de la Conselleria de Sanidad.
La estrategia de Montón vs Marzà fue vapuleada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuando, el pasado mes de octubre, reconoció a los alumnos de la Universidad Católica de Valencia (UCV) el derecho a realizar prácticas en la Sanidad pública, previa denuncia previa de la institución académica.
Ahora llega el merecido descrédito de la ex ministra de Sanidad, a través del acuerdo que acaba de firmar la Generalitat con las tres entidades privadas, Universidad Cardenal Herrera-CEU, la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y la Universidad Europea de Valencia, para que los alumnos de las titulaciones de ciencias de la salud pueda realizar prácticas docentes en hospitales públicos y centros de salud dependientes de la Generalitat.
Así, los alumnos de la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Farmacia y Nutrición Humana y Dietética podrán realizar prácticas curriculares clínicas y sanitarias en los departamentos de salud asignados. En la Universidad Católica, los títulos de Medicina y Enfermería y en la Universidad Europea, los alumnos de los grados de Enfermería, Fisioterapia y Psicología.
Los departamentos de salud con estos alumnos de las universidades privadas serán Vinaròs, Sagunto, Arnau de Vilanova-Llíria, Doctor Moliner, Requena, Pare Jofré, La Ribera, Gandia (sólo Medicina) y Xàtiva-Ontinyent (sólo Medicina). La compensación económica de las universidades a Sanitat será el importe equivalente al establecido para las tasas de primera matrícula de los estudios de grado, es decir 21,16 euros por crédito. Esta cantidad revertirá directamente en los departamentos y servicios que acojan al alumnado para mejorar la calidad de las prácticas, adquirir material para investigación y mejorar la formación de los profesionales colaboradores docentes.
Y es que se puede ser mal gestor político por falta de formación (muy habitual en estos tiempos), errores de asesoramiento o falta de presupuestos pero cuando lo es por el desprecio a los ciudadanos basado en la falta de instrucción, la arrogancia y la soberbia, la cuestión debería pasar a los juzgados para que este tipo de decisiones arbitrarias se sancionen individualmente, en reconocimiento de los derechos sociales de los afectados.
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