Plantea dos ejemplos de modelo de renta mínima enfocados a reducir la pobreza en España con un coste fiscal de unos 5.500 millones
Valencia, miércoles 26 de junio de 2019
informaValencia.com.- La tasa de pobreza severa en España se reduciría de un 6,9% a un 2,7% con la propuesta de renta mínima estatal presentada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en un informe elaborado por encargo del Gobierno. En la actualidad, España tiene la segunda mayor tasa de pobreza severa de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía.
La propuesta lleva aparejada la condición de planificar una vida sin lujos, pero sin pobreza en el hogar. Es decir, que cualquier persona pueda acceder a todos los servicios básicos de luz, gas, agua y gastos imprevistos hasta final de mes, hecho que no ocurre en España desde 2007 y que beneficiaría a 1,8 millones de hogares en nuestro país.
Elpresidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá.
La AIReF ha justificado este miércoles un programa de rentas mínimas compatible con trabajar y que se introduzca gradualmente, en tres años, lo que supondría una décima más de déficit estructural cada año, «cuya compensación con otras medidas resulta factible».
En el informe para evaluar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una prestación de ingresos mínimos propuesta por CCOO y UGT presentado este miércoles, la AIReF ha planteado dos ejemplos de modelo de renta mínima enfocados a reducir la pobreza severa con un coste fiscal de unos 5.500 millones, que podría rebajarse en unos 2.000 millones al eliminar duplicidades con otros programas de protección existentes.
Esto supondría reducir entre 4.300 millones y 1.700 millones el coste de la propuesta sindical -cuantificada entre 7.200 millones y 9.800 millones- y evitar hasta otros 2.600 millones adicionales de coste en «crisis graves y prolongadas» por el efecto llamada que, a su juicio, evita eliminar el requisito de estar desempleado. La AIReF, que ha emplazado a tomar la decisión de implantar esta medida al «ámbito democrático», ha insistido en que se trata de un coste fiscal «significativo», que debe enmarcarse en el contexto de déficit español y contar con una estructura de financiación. «Cuando se toma una decisión de este tipo, la financiación debe asegurarse a medio plazo para que no se convierta en contracíclica», señalan fuentes de la AIReF.
Junto al menor coste, el organismo también ha destacado que sus alternativas reducen en mayor medida el porcentaje de pobreza extrema en España, que, se reitera, se sitúa actualmente en el 6,9 %, la segunda mayor tasa de la Unión Europea solo por detrás de Rumanía. El umbral de pobreza severa se define como la renta por debajo del 30 % de la mediana del país, lo que en España, con cifras de 2017, queda en 355 euros al mes para un hogar de un individuo y 746 euros para uno con dos adultos y dos niños. En total, afecta a unos 3 millones de hogares españoles.
Para poner el foco en estas situaciones, la AIReF establece la renta del hogar como requisito principal para el acceso a esta prestación y propone eliminar el solapamiento con la de otras administraciones (autonómicas o locales) si bien permite que puedan complementarla, incluye el informe, que alerta de la fuerte disparidad de programas entre regiones.
«Para mejorar la eficiencia y reducir el coste fiscal, se sustituirían las prestaciones existentes nacionales y autonómicas por la nueva propuesta, permitiendo a las comunidades autónomas complementar la prestación tanto en términos de cobertura como de generosidad»
En concreto, la AIReF señala que sus alternativas beneficiarían a 1,8 millones de hogares, por encima del 1,1 millones de potenciales beneficiarios que calculaban UGT y CCOO y reducirían más la pobreza extrema. Las dos propuestas establecen ayudas por adulto de hasta el 80 % del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) -unos 430 euros mensuales teniendo en cuenta que este indicador sigue en 537,84 euros brutos anuales- a los que se sumarían complementos de 1.200 euros anuales por hijo, es decir 100 euros más por hijo hasta un máximo de tres. Sus alternativas presentan mejores resultados en reducción de la pobreza severa, entre un 50 % y un 60 %, frente al 27,7 % de la ILP.
El estudio detalla que la renta mínima debe ser una prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, que se gestione a través de una ventanilla única que también pueda derivar casos a los servicios sociales o a políticas activas de empleo. También se propone que los solicitantes se inscriban en la Agencia Tributaria para reducir el riesgo de fraude y desarrollar herramientas para evaluar el seguimiento del programa.
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