Educacion

El ‘Govern del Botánic’ manipula los libros de texto para falsear la historia de la Comunidad Valenciana

Libro de Historia y Geografía - 2º de Bachillerato, de Vicens Vives/Editorial Vicens Vives.

Un informe encargado por Ciudadanos denuncia graves imprecisiones en manuales de Bachillerato

M.Huerta.- Según publica este lunes elmundo.es en un artículo de su director en la Comunidad Valenciana, Xavier Borrás, un exhaustivo estudio encargado por Ciudadanos, denuncia graves irregularidades y diversas falsedades en al menos dos de los libros de texto empleados en primer curso de Bachillerato en institutos de la región, que “no son achacables a error, sino a manipulación”.

Como ejemplo en ellos se dice “anacrónicamente” que el origen del nacionalismo se encuentra en la Edad Media, al afirmar que las cuatro crónicas reales tienen como objetivo fortalecer la “conciencia nacional”, cuando esta ideología en realidad “surge en el XIX”, prosigue Borrás en elmundo.es.

La información explica que en los libros citados se recurre a “generalizaciones tópicas” como “afirmar el espíritu nacional” de los territorios de habla catalana o mostrar “una visión victimista” de la antigua Corona de Aragón y de la lengua catalana.

El trabajo ha sido elaborado por el profesor de instituto Julián Ruiz-Bravo, presidente de la asociación de docentes PLIS. Educación, por favor, en favor de la libertad educativa, que ya denunció tergiversación histórica en el libro de Lengua y Literatura Catalana de 1º de Bachillerato de la editorial Anaya que se usa en Baleares. Ahora analiza su equivalente en la Comunidad Valenciana y otro de la editorial Bromera. Ruiz-Bravo ha enviado su informe a la Alta Inspección del Estado, a la Inspección Educativa de la Comunidad Valenciana y a la Conselleria de Educación de la Generalitat.

Los manuales, sostiene este filólogo, “ignoran sistemáticamente las denominaciones ‘Monarquía Española’, ‘Rey de España’ y ‘Rey de las Españas’ por la inexistente, en la época, ‘Monarquía Hispánica’, con el fin de vaciar de todo contenido político al sustantivo ‘España’ y al adjetivo ‘español’ y acentuar el significado de ‘Hispánico'”, detalla la información de elmundo.es.

Su análisis también dice que en estos manuales se considera la lengua catalana y el castellano “como lenguas de crecimiento inverso, es decir, que el crecimiento del castellano se corresponde necesariamente a un decrecimiento del catalán”. De hecho, se explica el decrecimiento del catalán y el correspondiente crecimiento del castellano “como consecuencias de decisiones e imposiciones políticas y administrativas ajenas a las instituciones aragonesas o catalanas y de origen castellano” y nunca como “consecuencia del aumento de interrelaciones comerciales y sociales”.

Titular de El Mundo-baleares de 2 de octubre de 2017/informaValencia.com

Otra visión parcial se establece, dice el informe encargado por el partido de Albert Rivera, al afirmar que la economía catalana y, por extensión, la de Aragón, “es perjudicada por las políticas monárquicas, de filiación castellana y que, a pesar de estos perjuicios, se recupera por sí misma”.

Corona de Aragón, “iniciativa catalana”

En su artículo, Xavi Borrás describe que el informe entra al detalle de consideraciones históricas que se realizan en los manuales, como “limitar el contexto medieval de Valencia casi exclusivamente a Cataluña y al ámbito catalanoparlante, desdibujando el contexto de Aragón y de la lengua aragonesa” e ignorando también la presencia de no aragoneses o que la Corona de Aragón “es el resultado de la iniciativa catalana”.

También se considera manipulada la afirmación “constante” de que “la repoblación y expansión por la costa valenciana es cosa sólo de catalanes, ignorando a aragoneses y procedentes de otros reinos”, o que “la conquista de Valencia y Mallorca y demás islas Baleares es una expansión que supone la subordinación de estos territorios a los territorios catalanes y aragoneses, en vez de subordinación a la persona del rey”.

Otra de las visiones “interesadas” de la historia que ha detectado el estudio es que existe un ánimo de “ocultar siempre los aspectos positivos de la historia común desde los Reyes Católicos” o que los Decretos de Nueva Planta (1707) “son el marco legal de la persecución del catalán, a pesar de que no hay ninguna disposición en ellos que dicte la sustitución del catalán por el castellano”.

El estudio de Ruiz-Bravo detecta un “patrón antinomalista del valenciano” por el que sistemáticamente “se trata de ocultar que los escritores valencianos llamaban valenciano a lo que el autor del libro de texto llama exclusivamente catalán”. También constata que “no se utiliza nunca el término ‘valenciano’ para designar la lengua, a pesar de que la asignatura objeto del libro de texto se titule ‘Valencià: Llengua i Literatura'”.

También, respecto al ámbito lingüístico, critica que se use el “patrón de la patrimonialización y de la apropiación lingüística”, que consistiría en “reducir lo propio a una sola lengua, por lo que se califica sólo a la lengua catalana como “la nuestra” y, por exclusión, a la lengua castellana como “no nuestra”. Y constata el uso del término “dominio lingüístico común” como eufemismo de la expresión o idea de “Países Catalanes”. Esta “territorialización de la lengua”, señala, “responde al imaginario nacionalista que entiende que los estados y entidades políticas se fraguan en torno a una lengua”.

Al respecto del informe, señala elmundo.es que la Conselleria de Educación del Gobierno tripartito (Compromís, Psoe, Podemos), que depende de Compromís, sostiene que los centros y, en última instancia, los profesores, son quienes “libremente” escogen los materiales. Y que la competencia de supervisión corresponde al Ministerio de Educación.

En la LOCE, que data de 2002, se estableció que los libros de texto ya no precisarían autorización previa por parte de la Administración y que esta prerrogativa corresponde a “los órganos de coordinación didáctica de los centros públicos elegirán los libros de texto y demás materiales curriculares, cuya edición y adopción no requerirán la previa autorización de la Administración educativa”.

Aunque esta ley fue derogada, este mismo criterio se mantuvo en la LOE de 2006, si bien el Estado se reserva cierto grado de intervención a través de la Alta Inspección de Educación que, entre sus competencias, tiene como propia la de “comprobar que […] los libros de texto y demás material didáctico se adecuan a las enseñanzas mínimas y que estas se imparten con observancia de lo dispuesto por el ordenamiento estatal sobre materias obligatorias básicas de los respectivos planes de estudio”, finaliza la información de elmundo.es.

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