La Ley Celaá favorece la promoción automática, a través de la obtención de títulos con materias suspensas

"Los hijos no pertenecen a los padres". Ministra de Educación, Isabel Celaá/Tw"Los hijos no pertenecen a los padres". Ministra de Educación, Isabel Celaá/Tw

La reforma educativa confirma la eliminación de la demanda social para la concertada y la inclusión en estos colegios de un concejal o representante del Ayuntamiento en cada consejo escolar

21-11-2018

iV.com.- El anteproyecto de la Ley Orgánica por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), se conoció este martes después de que el Gobierno elaborara una serie de propuestas (la gran mayoría están en el articulado) sometidas a la consulta de distintas organizaciones educativas que apenas tuvieron tiempo para hacer sus sugerencias ya que, a los pocos días, salía el anteproyecto.

El texto provocó el rechazo de las organizaciones educativas, sobre todo de las que agrupan a centros educativos católicos y concertados, pero también de sindicatos que ven en la ley el camino allanado para la promoción automática, a través de la obtención de títulos con materias suspensas. “Estamos en contra de la posibilidad de aprobar el Bachillerato con una asignatura suspensa”, critica Mario Gutiérrez, presidente del CSIF Educación.

Tanto los profesores del sindicato independiente CSIF como los padres de organizaciones como CONCAPA se quejan de una falta de consenso sin precedentes, según informó hoy la Cadena Cope, que tuvo acceso al borrador del anteproyecto de ley. El presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos Pedro Caballero, cree que ha llegado el momento de pedir la dimisión de la ministra mientras estudia la puesta en marcha de una huelga de dos días en la concertada.

“Si la ministra sigue imponiéndonos toda la normativa y sigue sin contar con las familias no nos queda más remedio que protestar y la única protesta que nos queda es rebelarnos y pedir que nos pongan una persona conciliadora con la que al menos se pueda hablar” asegura Caballero que lamenta la vuelta a la politización de los centros con la inclusión de representantes municipales en los colegios concertados.

De falta de debate también se quejan los profesores, críticos con la supresión de itinerarios en secundaria que aseguran no solucionará el problema del fracaso escolar y con una reforma que deja en manos de las Comunidades Autónomas el uso del castellano y de las lenguas cooficiales en el aula y perpetúa una España con 17 sistemas.

La ley retoma de la Logse y de la Loe (ambos textos aprobados durante gobiernos socialistas) la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades para determinar el currículo de las materias y asignan un 55 por ciento al estado en caso de comunidades con lengua cooficial y un 65 en las demás. Además, da alas a comunidades como Cataluña para determinar las asignaturas que se imparten en castellano.

Gutiérrez asegura que “es la primera vez que no hay ni un postureo de negociación. Nunca había sido un proceso tan rápido, tan urgente y de forma tan poco dialogada” ni siquiera su predecesora la llamada Ley Wert asegura.

Respecto a la educación concertada, desaparece la expresión “demanda social”, es decir, la oferta de plazas de escolares se regía, entre otros criterios, por las solicitudes que hacían las familias y ahora este criterio desaparece por considerarlo Celaá “un eufemismo para propiciar que la escuela pública pueda ser considerada subsidiaria de la concertada”.

En cuanto a la Religión, el articulado hace dos cosas. En primer lugar, la deja fuera de las asignaturas de Primaria, ESO y Bachillerato (la Lomce la incluía como específica en los dos primeros niveles y a escoger entre un grupo en el tercero). Además, se elimina el apartado que dejaba la determinación y decisión sobre el currículo y los libros de texto a las autoridades religiosas. Ignorar a la Religión en la legislación puede deberse a la intento del Gobierno por eitar una respuesta de la Conferencia Episcopal con la que se reúne próximamente. “Además, es un forma de devaluarla, dejando su regulación a través de un Real Decreto”, opina Centeno, secretario general adjunto de EC.

En cualquier caso,  los planes de la ministra pasan por una aprobación exprés del anteproyecto en consejo de ministros antes de que termine el año y antes debe presentarse tanto a la comunidad educativa como a las comunidades autónomas. Además, Celáa tiene prevista una reunión con la Conferencia Episcopal el próximo 3 de diciembre centrada en esta reforma educativa.

Mientras y desde Escuelas Católicas no ocultan en un comunicado su decepción por “el proceso diseñado por el Gobierno” para esta reforma ya que aseguran que lo “último que necesita el sistema educativo es otro cambio legislativo sin consenso” por una urgencia que “no es educativa sino política”.

No esconden su preocupación por la eliminación del criterio demanda social y a cualquier referencia a la libertad de enseñanza, por la falta de garantías para la autonomía pedagógica y organizativa, por el hecho de que no haya una referencia explícita a la regulación de la religión en el anteproyecto y por la inclusión de comisarios políticos en los consejos escolares.

Así pues, el objetivo del nuevo Gobierno ya está claro: acabar con la Lomce y atacar el castellano, la educación concertada y la asignatura de Religión. La modificación de lo que Celaá llamó los “aspectos más lesivos” de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).

print

Se el primero en comentar on "La Ley Celaá favorece la promoción automática, a través de la obtención de títulos con materias suspensas"

Deja tu comentario

No se publicará tu email


*