Artículo sacado íntegramente de «La Vanguardia» que reproducimos por su interés
10 jun (EFE).- La Audiencia Nacional ha admitido las medidas cautelares solicitadas por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), que representa a 3.000 trabajadores, en la denuncia contra el pacto entre sindicatos y el Gobierno central en el que aprobaron la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017.
Estos trabajadores, repartidos por todo el país, denunciaron el pacto suscrito en marzo del año pasado entre el Gobierno central y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF, un acuerdo para incluir en la OPE las plazas desempeñadas por interinos.
El colectivo ha pedido la paralización de la Oferta de Empleo Público y las convocatorias ligadas a su aprobación, ya que no tendrían en cuenta a juicio de ANIL que muchos de los interinos llevan en esos puestos más de tres años, lo que conlleva un reconocimiento de derechos laborales negado hasta ahora por administración y sindicatos.
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