ESE DESINTERESADO INTERÉS DE LAS EDITORIALES

La Secretaría de Estado de Cultura ha presentado hace poco el III Plan de Fomento de la Lectura de la historia reciente de nuestro país, para el periodo 2017-2020, con el objetivo de estimular el gusto por la lectura y de mejorar las llamadas competencias lectoras.

Hasta aquí, todo normal.

Sin embargo, al argumentar que se pretende  “incrementar el compromiso de los agentes privados en el desarrollo de acciones de promoción de los hábitos lectores mediante la figura del incentivo fiscal”, algo empieza a oler a chamusquina.

Y la chamusquina se convierte en incendio descontrolado cuando desde la Secretaría se dice que “en el Plan están previstas una serie de medidas cuya puesta en funcionamiento necesita de la participación del sector privado, tanto desde el punto de vista económico, como de implicación personal”.

El hecho de que se vaya a crear “un órgano colegiado encargado de la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del citado programa y del desarrollo y concreción de los objetivos, planes y programas de actividades específicas”, ya no puede ser anecdótico.

Y aunque se recoge que “el órgano creado no conlleva incremento del gasto público, ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones”, algo sigue haciendo saltar las alarmas.

Sobre todo al observar que entre los miembros que formarán parte del órgano colegiado se encuentran: un representante de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez (ediciones Anaya), un representante de la Fundación SM, un representante de la Fundación Santillana o un representante de la Fundación José Manuel Lara (Grupo Planeta y A3 Media), por ejemplo.

Y más todavía al conocer que corresponden a este órgano administrativo la aprobación de los planes y programas de actividades específicas que pueden dar lugar a la aplicación de los beneficios fiscales previstos o la certificación de la adecuación de los gastos realizados a los objetivos y planes del programa de apoyo…

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… O que las entidades, asociaciones y fundaciones privadas que  tendrán la condición de destinatarias de las donaciones que se realicen para la ejecución del programa de apoyo al acontecimiento de excepcional interés público «Plan de Fomento de la Lectura (2017-2020)», son, cómo no, las mismas Fundación Germán Sánchez Ruipérez, Fundación SM, Fundación Santillana y Fundación José Manuel Lara.

Mosqueante, mosqueante, oiga.

Eso sí, la Secretaría de Cultura concluye diciendo que  “estas entidades asumirán las eventuales pérdidas que de la liquidación del acontecimiento se pudieran derivar, no correspondiendo obligación económica alguna a la Administración”.

No vaya a ser que a pesar de las donaciones o las exenciones fiscales encima tengamos que indemnizarlos por algún perjuicio.

Faltaría más.

P.D. Cada cual que saque sus propias conclusiones. La mía es que mientras la Educación y lo relacionado con la misma se valore como un negocio – por mucho que disfracen a la mona de seda -, y se deje en manos de las grandes corporaciones editoriales y mediáticas, esto no avanzará por buen camino.

Pero solo es mi opinión…

 

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2040.pdf

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