‘Este Consell no quiere la aplicación progresiva del valenciano sino la imposición inmediata del valenciano’

Beatriz Gascó, GPP en Les Corts

La Portavoz Popular de Educación del GPP pide al Consell que “rectifique y se siente a dialogar con los padres y sectores afectados”

M.H.-La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, señaló este miércoles que “en el decreto del plurilingüismo de Marzà, la identidad nacionalista está por encima del servicio público. El decreto está condenado al fracaso”.

La diputada popular se ha pronunció ayer así en su intervención en el pleno de Les Corts en defensa de una proposición para la protección de los derechos lingüísticos en la Comunitat y la eliminación de la discriminación negativa para los alumnos con el nuevo decreto de Marzà.

Gascó dijo que “el Consell debería reconocer que se ha equivocado con este decreto, hacer autocrítica. Cuando salen miles de personas a la calle o se presentan nueve recursos en los tribunales, igual algo de razón pueden tener. Escúchenles y siéntense con ellos porque nadie les ha escuchado».

Beatriz Gascó manifestó que “es imposible no generar conflictos con este asunto porque con este decreto se somete a familias y centros educativos a una encerrona en la que si quieres tener inglés te obliga a contar con más horas de valenciano”.

La portavoz popular señaló asimismo en su intervención que “regular el uso de las lenguas no tiene por qué tener ningún problema sino se discrimina ni se chantajea a nadie como con el decreto de 2012 del PP. El PP fomentó el valenciano, de hecho hoy hay más personas que nunca que entienden, hablan y escriben en valenciano. Pero este Consell no quiere la aplicación progresiva del valenciano sino la imposición inmediata del valenciano, y eso es otra cosa, eso es Compromís en estado puro. La identidad nacionalista en el decreto de Marzà está por encima del servicio público”.

Advirtió también que “la aplicación de este decreto supondría graves problemas: se ha ignorado a los padres, no se les deja participar, y no se refuerza el inglés con el decreto (en infantil solo un 10% en inglés, en primaria un 20% como máximo, ESO y Bachillerato un 15%; valenciano en infantil un 82% y en primaria y secundaria un 60% de valenciano). El precio para poder hablar inglés en esta Comunitat es muy alto y no es cierto. Marzà no ha hecho nada por el inglés, al contrario: ha acabado con la red de centros plurilingües, ha eliminado las becas en el extranjero, y ha quitado el programa experimental del 80% en inglés”.

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“Con esta propuesta pedimos que se cumpla con la legalidad, se respete la libertad y que se deje de engañar a las familias y se les permita participar. Hemos votado si queremos importar el modelo de inmersión lingüística de Catalunya a la Comunitat Valenciana, si queremos que la igualdad sea solo un eslogan o que sea algo efectivo, y si queremos seguir discriminando a las comarcas castellano-hablantes”, terminó la portavoz popular.

Puig en Corts

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado este jueves que su Ejecutivo confía en que la resolución judicial sobre el decreto de plurilingüismo «sea favorable», ya que cuenta con el informe favorable de la Abogacía, del Consel Jurídic Consultiu y -ha vuelto ha reincidir- el «aval» del Ministerio de Educación.

«¿Dónde está el recurso del Ministerio de Educación?», ha insistido Puig, quien ha considerado que si el Ministerio hubiera visto «algún problema de derecho» en el decreto habría actuado en consecuencia y habría recurrido, «y no lo ha hecho».

Puig se ha pronunciado así en el pleno de Les Corts Valencianes, donde la portavoz del PP, Isabel Bonig, le ha preguntado si va a respetar las resoluciones judiciales tras los «tres varapalos» a «su decreto de chantaje lingüístico» y ha negado que el Ministerio avale esa norma.

El conseller de Educación por su parte, Vicent Marzà, ha dado a conocer que la Fiscalía afirma sobre el decreto que no se ha producido «lesión de derecho alguno», no se impide ni se dificulta la enseñanza del castellano, y no se obliga a nadie a optar por una enseñanza en valenciano en detrimento del castellano.

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