El TSJCV suspende por segunda vez el decreto de plurilingüismo de Marzà

La asociación Defensa del Castellano denunciará a los colegios e institutos que no acaten el auto y pretendan aplicar la norma el curso que viene

MH.– El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ha comunicado hoy a consellería de Educación, que tras el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana (DDC),  se suspende cautelarmente el decreto de plurilingüismo por los mismos motivos que se acordó la primera suspensión cautelar, tras el recurso presentado por la Diputación de Alicante, por considerar que se impone abusivamente el valenciano en perjuicio del castellano, según informa El Confidencial Digital (EDC).

Desde la DDC y en un comunicado de prensa, se felicitan por la decisión del alto tribunal valenciano, al señalar que «la Asociación para la Defensa del Castellano de la Comunidad Valenciana (DDC)  quiere expresar su más absoluta satisfacción por la suspensión cautelar del Decreto de Plurilingüismo por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) a instancias del recurso presentado por nuestra asociación».

Como en el primer auto de suspensión, el TSJCV da un plazo de 5 días para que consellería de Educación lo recurra mediante recurso de reposición. «Desde DDC creemos que todavía con más motivo debe la Consejería acatar la justicia, no puede ni por asomo escudarse en diferencias políticas, y la suspensión debe llevarse a cabo», señala el comunicado.

El Consell que preside el socialista Ximo Puig recibe así un nuevo varapalo con este segundo auto un “nuevo y casi mayor revés judicial, pues ya no pueden argumentar que el PP esta instrumentalizando la justicia, pues en este recurso es una asociación ciudadana que defiende el castellano”, tal y como han recordado desde DDC, en alusión a las críticas de diversos miembros del Gobierno valenciano por estar en manos del PP la Diputación de Alicante.

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Esta suspensión, al igual que la del pasado 23 de mayo, acuerda la paralización de la norma que regula la enseñanza de las lenguas en la educación y prima la lengua valenciana respecto al castellano, «incurriendo en una discriminación total hacia los castellano hablantes».

“Todavía con más motivo debe la consellería acatar la justicia, no puede ni por asomo escudarse en diferencias políticas, y la suspensión debe llevarse a cabo”, afirman  “además de que hay 7 recursos más presentados al TSJCV”.

En las alegaciones que presentó DDC para pedir la suspensión cautelar del decreto de 27 de enero de 2017, destaca que «no hay existencia de perjuicios derivados de la suspensión de la aplicación del Decreto recurrido” y que por tanto no es necesaria fianza o caución alguna. El TSJCV, en su auto, estima esta argumentación, y DDC no ha de depositar ninguna fianza.

Además, las entidades que han recurrido el polémico decreto educativo están elaborando modelos para se denuncie ante los Juzgados de Instrucción a los centros educativos que no acaten la suspensión, que difundirán próximamente a través de las redes sociales.

«La Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana denunciará a los centros que no acaten el auto y pretendan aplicar la norma el curso que viene, por lo que estamos elaborando modelos para se denuncie ante los Juzgados de Instrucción a los centros educativos que no acaten la suspensión, los cuales difundiremos próximamente a través de las redes sociales», explica la DDC en el comunicado.

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