La UE investiga a la Universitat de Valencia tras una denuncia por ‘precariedad laboral’

El colectivo de profesores asociados de la UV suma un total de 1.300 docentes

 

La Unión Europea ha iniciado una investigación, a instancias de la plataforma de Personal Docente e Investigador (PDI), para aclarar una posible «discriminación salarial y laboral» del personal asociado de la Universitat de Valencia, unos 1.300 profesores, un tercio de la plantilla de la UV.

El colectivo afectado ha señalado que presentaron en noviembre una denuncia en el Parlamento Europeo en Bruselas después de años de demandas por su «situación precaria» y ante la «falta de compromisos del Rectorado y las promesas incumplidas por los partidos con representación en las Cortes Valencianas y el Consell de la Generalitat».

Ahora la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia y, a través de su presidenta, Cecilia Wikström, ha comunicado por escrito al colectivo de PDI Asociado que será la Comisión Europea la encargada de estudiar toda la documentación presentada a Bruselas y de investigar los hechos demandados.

Wikström ha comunicado en la carta a este colectivo que también se ha decidido «remitir también esta denuncia a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo para su estudio».

El colectivo de profesores asociados de la UV está formado por especialistas y doctores de reconocida competencia en diversos campos (medicina, derecho, periodismo, economía, magisterio o educación), «a los que han convertido en recursos de emergencia para atender la oferta docente a precio de saldo», han asegurado fuentes del colectivo.

La mayoría son profesionales con Másters, muchos de ellos con más de 20 años encadenando contratos en la UV, que tienen un salario mensual entre 300 y 500 euros brutos, sin ninguna estabilidad laboral y con contratos que se renuevan cada curso académico.

Para la plataforma PDI la situación de estos profesores es un «fraude de ley» por parte de la UV, al utilizar la figura del asociado para «cubrir bajas definitivas y temporales», han explicado.

Desde la Universitat de València argumentan que el problema del profesorado asociado no es de la UV sino de todas las universidades españolas, sometidas al mismo marco legal y a las restricciones presupuestarias.

Estas, en los últimos años, han conllevado una tasa de reposición que no permite contratar al profesorado necesario para atender los requisitos docentes de estas instituciones académicas, han añadido.

Por tanto, inciden en que la UV no hace nada diferente al resto de universidades de España y señalan que colaborarán en todo lo que se les requiera desde Europa en este asunto pues son, aseguran las fuentes, «los primeros interesados» en resolver el problema de los profesores asociados.

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