Colegios, profesores y padres contra Marzá y «su arreglo escolar»

La supresión de unidades de Bachillerato afecta a uno de cada cuatro colegios de educación concertada 

SM.- Indignación-reacción a la medida, fue la expresión de los portavoces de familias, profesorado y colegios consultados. También los partidos de la oposición criticaron el ajuste, que afecta a una importante cantidad de agentes educativos.

Según los datos de consellería, desaparecen 31 clases de 1º en 25 centros. Es decir, afecta a uno de cada cuatro teniendo en cuenta que hay 103 con la etapa concertada. Las patronales manejaban cifras similares: 32 unidades de 28.

Vicente Morro, presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia (Fcapa), explicó que «no es una cuestión de número sino de principios». «Eliminar aulas es reducir la capacidad de muchas familias para continuar en el centro donde sus hijos han estado toda su escolarización». Además señaló que apoyarán todos los recursos y alegaciones que presenten los colegios afectados o sus Apas.

«Estamos muy indignados. No nos vale que digan que sólo desaparece un porcentaje pequeño, pues son clases que tienen demanda», señalaba Julia Llopis, presidenta de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) de la Comunitat y de la federación alicantina.. «Si hay alumnos no aceptamos que quiten ni una ni media»,

«Esto va a generar conflictos con los centros y entre los padres» -en el sentido de que habrá selección de alumnado para acceder a las clases que sigan conveniadas- y «más discriminación», dijo Llopis, que aseguró que conseguirán plaza aquellos con mejores notas (así lo establece la normativa de admisión) y que no todos los padres pueden pagar una enseñanza privada si sigue siendo la elección para sus hijos o si el centro decide mantener el aula que pierde los fondos públicos.

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Para la Federación de Enseñanza de USO CV  los criterios elegidos para decidir sobre la concertación no son admisibles y denunciaron que no se haya tenido en cuenta la demanda social. También recordaron que las eliminaciones tendrán impacto en los puestos de trabajo y en los alumnos -afectan a los que promocionan desde 4º, no a los de la etapa-. «Estamos en contra de la doctrina de reducir los conciertos y trasvasar progresivamente su alumnado a los centros públicos. No se pueden pisotear las libertades individuales», apuntaron.

Los colegios

Para el colegio Guadalaviar, que pierde todas sus aulas de 1º, mostraron su «sorpresa por el aparente trato desigual recibido respecto a otros centros similares en relación a los criterios de prioridad como los proyectos de innovación o de atención al alumnado desfavorecido», mientras que desde La Purísima de Alzira se mostraron «muy enfadados e indignados»: «Es triste que alumnos que hemos tenido desde los tres años no puedan seguir si no hay suficientes plazas», lamentó la directora, Carmen González. Los datos conocidos son provisionales, pues la propuesta de Educación puede variar una vez se estudien las alegaciones, que llegarán una vez se notifique la resolución oficial a los afectados.

El portavoz autonómico de Ciudadanos, Fernando Giner, acusó a Marzà de «perjudicar a alumnos y profesores basándose en su ideología», y el concejal popular de Valencia, Cristóbal Grau pidió al equipo de gobierno que solicite los informes técnicos que justifican las supresiones en la ciudad antes de señalar que el criterio básico debería ser la «demanda real».

 

En un comunicado, consellería se informaba de que el arreglo escolar permitirá ganar un millar de docentes en los públicos y concertados y que habrá más unidades concertadas de FP.

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