Opinión

La sociedad civil rumana reaccionó a tiempo

Diego Fierro Rodríguez

Son muchos los Estados en los que amplios sectores de la sociedad están formados por personas que se sienten profundamente decepcionados con los dirigentes políticos, cuyas actuaciones no son propias de aquellos que afirman ser servidores públicos preocupados por los ciudadanos. Algunos ejemplos pueden encontrarse en España, pero hay otros, como el de Rumanía, que hace creer en las posibilidades de la presión social bien encaminada hacia el cumplimiento de determinados objetivos.

Desde el Gobierno rumano se anunció una reforma legislativa, que se llegó a materializar, encaminada a modificar la legislación penal con varios objetivos, como despenalizar determinadas conductas relacionadas con la corrupción política caracterizadas por tener un coste económico de 44000 euros, cantidad equivalente al salario medio mensual de los rumanos multiplicado por 100, y establecer el indulto para 2700 personas condenadas por esos delitos La situación llegó a ser jurídicamente peligrosa.

Finalmente, se ha revocado la modificación en la legislación que se implantó para excluir las sanciones penales por varios delitos de corrupción. Lo lamentable es que no se ha adoptado esta decisión por iniciativa propia de los dirigentes políticos, aunque hay una buena noticia relacionada con la actividad social de los rumanos.

Hubo numerosas manifestaciones de los ciudadanos de Rumanía que sirvieron para presionar al Gobierno. Los acontecimientos terminaron obligando a los dirigentes que tuvieron la iniciativa a cambiar de postura tras encontrarse entre la espada y la pared. Los miembros del Gobierno se han intentado justificar indicando que su objetivo era aligerar la carga del sistema judicial y reducir la excesiva población penitenciaria, aunque, teniendo presente a muchos de los beneficiados por la medida legislativa, esa afirmación resulta escasamente creíble.

Los hechos descritos sirven para comprobar la relevancia que tiene la sociedad en lo que al establecimiento de las leyes se refiere. Si se utilizan los medios adecuados con la fuerza idónea, se pueden evitar actividades públicas con resultados lesivos.

Los que detentan potestades, por regla general, tienden a querer, cada vez con más ansias, que se amplíen sus facultades y que se restrinjan sus límites. Ese lamentable deseo es algo que no puede permitirse por el bien de todos y para garantizar el Estado de Derecho.

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