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El TSJ convoca a los condenados en el caso Gürtel para decidir si acuerda prisión, fianza u otras medidas cautelares

La exconsellera Milagrosa Martínez y los otros cuatro funcionarios de la Conselleria de Turismo condenados deberán comparecer el miércoles

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha convocado, a petición de la Fiscalía, la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para decidir sobre la situación personal de los 11 condenados en el caso Gürtel por el amaño de contratos de la Generalitat Valenciana en beneficio de las empresas del grupo Correa con motivo de la celebración de varias ediciones de la Feria Internacional de Turismo.

El Tribunal, que ha condenado a penas de entre 3 y 13 años de prisión a 11 de los 13 acusados ha señalado dos días, el martes y el miércoles, para la celebración de dicha vista en la que las partes podrán solicitar el ingreso en prisión de los condenados aunque la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, no sea firme.

En dicha comparecencia, las partes podrán también solicitar la libertad provisional de los condenados con imposición de fianzas o la adopción de otras medidas cautelares.

En concreto, el Alto Tribunal Valenciano ha citado a los integrantes del grupo Correa condenados, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Isabel Jordán, Mónica Magariños y Cándido Herrero para que comparezcan el próximo martes, 14 de febrero, a partir de las 9.30.

El miércoles, día 15, deberán comparecer la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, el que fuera su jefe de gabinete, Rafael Betoret y los funcionarios de la Conselleria Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana María Grau.

El Alto Tribunal Valenciano ha condenado a la exconsellera de Turismo, Milagrosa Martínez, a los considerados “cabecillas” de la trama Gürtel, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, a varios exaltos cargos de la Administración Autonómica y a trabajadores de las empresas de Correa por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho.

La Sala absuelve a la exconsellera de Turismo Angélica Such y a Juan Bover, exjefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria, de prevaricación administrativa, único delito por el que estaban acusados.

En la sentencia, notificada hoy a las partes, el Tribunal, considera probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en diversas ferias de turismo (fundamentalmente en las edificios de FITUR entre 2005 y 2009) tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

El grupo de empresas de Correa era una organización empresarial creada ex profeso para manipular concursos públicos y participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios.

Las mercantiles de Correa carecían de medios personales y materiales para ejecutar esos trabajos, motivo por el que los subcontrataban con terceros. De esta forma obtenían un enriquecimiento irregular al lucrarse aplicando unos márgenes desproporcionados, duplicando partidas o facturando gastos inexistentes.

Tales importes eran admitidos por la Administración Autonómica (Agencia Valenciana de Turismo, Conselleria de Turismo, Conselleria de Territorio y vivienda y Conselleria de Infraestructuras y Transporte), que no solo no llevó un control efectivo de los pagos sino que alteró los criterios de adjudicación de los contratos y benefició irregularmente a las empresas del Grupo Correa.

Estas mercantiles, según recoge la sentencia de 558 páginas, cuyo ponente ha sido el magistrado Juan Climent, tenían información privilegiada: conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, contratos que, en algunos casos, se modificaban a su conveniencia.

La sentencia, notificada hoy a las partes, recoge las siguientes penas para los condenados:

Francisco Correa: 13 años de prisión

-Asociación ilícita: 3 años de prisión, 13.500 euros de multa y 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación): 1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros

-Malversación de caudales públicos (delito continuado): 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

-Cohecho activo: 3 años de prisión, multa de 5.000 euros y 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Pablo Crespo: 13 años y 3 meses

-Asociación ilícita, 2 años y 6 meses de cárcel, multa de 11.250 euros y 7 años y seis meses de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación), 1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros

-Malversación de caudales públicos (delito continuado): 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

-Falsedad documental: 1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros

-Cohecho activo: 2 años de prisión, multa de 2.400 euros y  7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Álvaro Pérez: 12 años y 3 meses de cárcel

-Asociación ilícita: 18 meses de prisión y multa de 11.250 euros

-Tráfico de influencias (delito continuado cometido por particular como medio para cometer un delito continuado de prevaricación): 1 año de prisión y multa de 3,9 millones de euros

-Malversación de caudales públicos (delito continuado): 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

-Falsedad documental: 1 año y 9 meses de prisión y multa de 6.750 euros

-Cohecho activo: 2 años de prisión, multa de 2.400 euros y 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Isabel Jordán: 6 años de prisión

-Asociación ilícita: 18 meses de prisión y multa de 11.250 euros

-Prevaricación administrativa: 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Tráfico de influencias: Absuelta

-Malversación de caudales públicos (delito continuado): 3 años de prisión y 7 años de inhabilitación absoluta

-Falsedad documental: 1 año y 6 meses de prisión y multa de 6.000 euros

Cándido Herrero: 4 años y cuatro meses de cárcel

-Asociación ilícita: 16 meses de prisión y 5.850 euros de multa.

-Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Tráfico de influencias: Absuelto

-Malversación de caudales públicos: 1 año y 6 meses de prisión y 3 años de inhabilitación absoluta

-Falsedad documental: 1 año y 6 meses de prisión y multa de 3.600 euros

Mónica Magariños: 3 años de prisión

-Asociación ilícita: 12 meses de prisión y 1.800 euros de multa

-Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Tráfico de influencias: Abasuelta

-Malversación de caudales públicos: 2 años de prisión y 5 años de inhabilitación absoluta

Milagrosa Martínez:  9 años de prisión

-Prevaricación administrativa: 9 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Malversación de caudales públicos: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

-Cohecho pasivo: 3 años de prisión, 5.000 euros de multa y 8 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Rafael Betoret: 6 años de prisión

-Prevaricación administrativa: 7 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Malversación de caudales públicos y falsedad documental: 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

Isaac Vidal: 7 años de prisión

-Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Malversación de caudales públicos: 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

-Falsedad documental: 3 años de prisión, 2.700 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

Jorge Guarro: 4 años de prisión

-Prevaricación administrativa: 5 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Malversación de caudales públicos: 4 años de prisión y 10 años de inhabilitación absoluta

Ana Grau: 3 años de prisión

-Prevaricación administrativa: 4 años, tres meses y un día de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa

-Falsedad documental: 3 años de prisión, 900 euros de multa y 2 años de inhabilitación especial para el desempeño de empleos o cargos públicos relacionados con actividades propias de la contratación administrativa.

-Malversación de caudales públicos: Absuelta

Angélica Such

-Prevaricación administrativa: Absuelta

Juan Bover

-Prevaricación administrativa: Absuelto

La Sala condena además, a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal y Jorge Guarro a indemnizar solidariamente a la Generalitat Valenciana con 272.000 euros.

La sentencia establece la responsabilidad subsidiaria de las mercantiles Orange Market, Easy Concept Comunicación, Boomerangdrive y Servimadrid Integral, que deberán hacer frente al pago de dicha indemnización si los condenados anteriormente citados no abonan la parte que les corresponde.

La Sala de lo Civil y Penal prohíbe contratar con el sector público a Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán, Mónica Magariños, Milagrosa Martínez, Rafael Betoret, Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau por lo que se acuerda comunicar la sentencia a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado y al órgano equivalente en la Comunidad Valenciana.

El Tribunal ordena, por otro lado, el comiso de bienes de la sociedad Orange Market S.L., por importe de casi dos millones de euros 1.938.000 y el comiso del reloj, valorado en 2.400 euros, con el que fue obsequiada la exconsellera de Turismo condenada.

El juicio por esta pieza separada del “caso Gürtel” comenzó en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después tras 65 sesiones.

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