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Picassent invierte en boxeo para los reclusos y deja a los funcionarios sin defensa personal

Los trabajadores de la prisión se sienten amenazados. Las peleas entre los reclusos son frecuentes

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha denunciado que la dirección del centro penitenciario de Picassent ha gastado más de 7.600 euros en cursos de boxeo y body combatpara internos mientras ha suprimido los de defensa personal para los trabajadores.

El sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario ha indicado que la dirección de la cárcel ha argumentado la supresión de los cursos para los funcionarios de la prisión en la “falta de fondos”.

Acaip critica que se produzca este gasto cuando “se suprime el curso de defensa personal de los trabajadores por falta de fondos“. El sindicato ha recordado que hace unas semanas denunció públicamente que la dirección del centro –que ha pasado a denominarse Antoni Asunción– autorizó un curso de boxeo, body combat y otros deportes de contacto, en el que los internos de ocho módulos diferentes pueden participar los miércoles y viernes de 17 a 19 horas y los sábados de 11 a 13.

A juicio del sindicato, esta actividad supone un “enorme despropósito”, ya que “se pone en grave riesgo la seguridad de los trabajadores y también la de los internos“, ya que las prácticas aprendidas pueden ser utilizadas en cualquier momento contra trabajadores o internos.

Acaip ha recordado que cada año varios trabajadores son agredidos por internos en el centro y que las peleas y amenazas entre reclusos son algo frecuente y ha advertido que las técnicas de lucha “podrían llegar a ser utilizadas una vez en libertad contra posibles víctimas”.

El sindicato se ha preguntado si “es el mundo al revés” porque se hacen cursos para internos y no para trabajadores o “si es sólo una más de las muchas muestras del desprecio” que la Administración penitenciaria tiene hacia sus empleados.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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