Cultura

Unión Taurina publica la lista de alcaldes que prohíben ‘els bous al carrer’

Hasta 21 municipios han establecido algún tipo de restricción a las celebraciones a través de decisiones directas o mediante consultas populares

El cambio de ciclo político en las elecciones municipales de 2015 trajo consigo la decisión de varios ayuntamientos de la Comunitat Valenciana de prohibir cualquier manifestación taurina o limitar los festejos populares en los que el protagonista sea el toro. Así, hasta 21 ayuntamientos de Alicante y Valencia han aprobado restricciones a las fiestas tradicionales en la calle relacionadas con la tauromaquia (‘bou embolat’, ‘bou en corda’ o ‘bou encaixonat’), según el listado que ha difundido la Unión Taurina de la Comunidad Valenciana a través de su página web.

Las limitaciones, sin embargo, no comportan una prohibición expresa de las corridas de toros sino el veto a algunas manifestaciones taurinas en la calle que los municipios incluían en sus fiestas. En Valencia por ejemplo, el alcalde Ribó sí prohibió dos tipos de festejos taurinos en las pedanías de la ciudad, el bou embolat y el bou en corda. No obstante, desde el consistorio no se ha adoptado ninguna prohibición que afecte a las corridas en la Plaza de Toros. Eso sí, ha sido cortada cualquier tipo de subvención municipal.

Alaquàs, Aldaia, l’Alcudia, Alzira, Canals, Godella, Silla, Sueca, Xirivella, Canals, Ondara, Pedreguer, Xàbia, Calpe, Gata de Gorgos, Altea, Villena, Alcalalí, Xixona e incluso Alicante también han articulado algún tipo de limitación a los festejos taurinos tradicionales. En todos los casos se ha apelado al “maltrato animal” que se produce en este tipo de manifestaciones festivas. Los taurinos, mientras tanto, han reaccionado con una serie de denuncias contra estas decisiones municipales que limitan festejos considerados “tradicionales”.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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