Valencia

El Síndic de Greuges estudiará las denuncias contra los Ayuntamientos que exhiban cuatribarradas

Admite tramitar las denuncias de Plataforma Valencianista (PLV) contra los consistorios y edificios públicos que exhibieron simbología catalanista el pasado 9 d´Octubre

 

El Síndic de Greuges ha comunicado a Plataforma Valencianista (PLV) que ha aceptado a trámite las denuncias presentadas por esta entidad cultural y cívica contra los Ayuntamientos de Tavernes de la Valldigna, Favara, Benilloba, Sueca, Almassora, Quatretonda, Otos y Cocentaina, además de también a la dirección del Colegio Cardenal Cisneros de Almassora y el IES Enric Valor de Pego, por exhibir banderas cuatribarradas no valencianas este pasado 9 d´Octubre, en los propios ayuntamientos o en otros edificios públicos municipales.

En el caso del colegio, por colgar dentro del centro educativo una cuatribarrada gigante o el IES Enric Valor, también por permitir actos de carácter nacionalista y adoctrinador dentro de sus instalaciones.

A juicio de PLV, “se procedió a dar cuenta al Síndic por el ataque de estos ayuntamientos e institución educativa, contra los símbolos del pueblo valenciano, y el incumplimiento tajante de la legalidad vigente amparada en el artículo 4 de nuestro Estatuto de Autonomía y la Ley de símbolos valenciana”.

Según la entidad valencianista, “es una gran noticia que sean aceptadas a trámite. Ahora el Síndic contactará con estas administraciones y entidades afectadas, les instará a cumplir la ley y esperemos que ningún ayuntamiento ni estamento público vuelva a perpetrar más ningún ataque de este tipo otro 9 d´Octubre o en cualquier otra festividad local o en tal caso se encontrará con nuestra denuncia. La bandera que debe usarse y colgar en los edificios públicos debe ser la Real Senyera valenciana, no la cuatribarrada de Aragón”, sentencia PLV.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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