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Condenan a ocho meses de cárcel a la mujer que quiso matar a su perro

Un vecina de Burjassot administró a su mascota antidepresivos el pasado 10 de octubre

La mujer que quiso matar a su perro con antidepresivos porque su mascota le suponía una carga ha sido condenada hoy a ocho meses de prisión. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Paterna ha emitido sentencia condenatoria a esta vecina de Burjassot, por haber cometido un delito de maltrato animal, previsto y penado en el artículo 337.1.a) y 337.2.a) del Código Penal.

La causa, por Procedimiento rápido, se ha iniciado en dicho Juzgado, partir del atestado presentado por la Policía Local de Burjassot, el pasado 10 de octubre.

Los hechos probados exponen que la mujer, de 55 años y vecina de Burjassot, administró a su mascota, un perro llamado Shippo, al menos cinco pastillas antidepresivas de diferentes fármacos, con la única finalidad de poner fin a la vida de su mascota, alegando que ésta suponía una carga para su persona. Shippo, que fue atendido en dos clínicas veterinarias de Burjassot, se encuentra fuera de peligro y al cuidado de los voluntarios y voluntarias de la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot (SPAB).

La sentencia emitida condena a la mujer a ocho meses de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como dos años de privación del derecho a la tenencia y guarda de animales y el decomiso del perro Shippo, que ya ha sido entregado a la Sociedad Protectora de Animales de Burjassot.

La sentencia, por conformidad con ella de todas las partes, se declara firme sin que contra la misma proceda en consecuencia recurso alguno.

La SPAB, que se ha presentado al juicio como Acusación Popular, ha contado con la representación legal de la letrada Olga Camps Contreras, socia de la propia SPAB y además, concejala de Bienestar Animal de Burjassot, quien ha realizado esta representación de manera voluntaria y desinteresada.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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