Ante una inversión de 860 millones con un «impacto socioeconómico indiscutible»
La empresa británica Intu Eurofund Valencia SLU, promotora del complejo comercial y de ocio Puerto Mediterráneo, criticó ayer que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat hubiera concluído una memoria ambiental desfavorable a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) en Paterna (Valencia) «de manera arbitraria, sin justificación técnica y en contra de los Informes técnicos existentes en el expediente».
«Es falso que no existan argumentos sólidos para concluir que la actuación no promueva un desarrollo sostenible», advierte la promotora en un comunicado en el que a su juicio, la Comisión de Evaluación Ambiental ha faltado «al rigor mínimo necesario y preciso que debería tener un órgano colegiado de dicha naturaleza» y ha asegurado que existen 46 informes favorables.
Hay que recordar que el proyecto Puerto Mediterráneo en Paterna, pretendía realizar una inversión superior a los 800 millones de euros, con entre 4.500 y 6.000 empleos, entre directos e indirectos para la comarca de l’Horta, que queda ahora paralizada.
Y en referencia a los argumentos de la Comisión de Evaluación Ambiental, el comunicado explica que en los informes en ningún momento se planteaba «la inviabilidad o inadecuación general de la propuesta viaria, disponiendo simplemente correcciones puntuales en el trazado».
En cuanto a la afección a la red de carreteras de la Generalitat Valenciana, zonas de protección y usos permitidos, en el Informe de 23 de enero de 2013 se establecía que podían tener los usos compatibles previstos en la legislación urbanística y en la de carreteras, siendo evidentemente uno de ellos la laminación y el encauzamiento del Barranco d’Endolça, «por ser de interés público y además no alterar de ninguna forma la seguridad vial».
En ese sentido, el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo se manifestó favorable al proyecto una vez más, al señalar que “entendería que los inversores de Puerto Mediterráneo acudieran a los tribunales y no nos extrañe si también lo hacen los propietarios de los terrenos”. “si cumple la legalidad, ningún alcalde rechazaría más de 800 millones de inversión y la generación de cientos de puestos de trabajo”.
Además, Intu Eurofund explicó que tras presentarse la versión preliminar del Plan de la ATE, se emitió un informe favorable por parte de la Subdirección General de Infraestructuras públicas y Subdirección General de Planificación, Logística y Seguridad de fecha 15 de octubre de 2014. De igual modo, ha indicado, se ha pronunciado el informe de naturaleza territorial y urbanística de la Subdirección General de Ordenación, Planificación y ATEs, de fecha 17 de abril de 2015.
«Así, es claro que se evidencia un cambio absoluto por cuestiones de oportunidad y arbitrariedad», lo que supone «una clara desviación de poder y un absoluto desprecio de la seguridad jurídica y la confianza legítima de la Administración», ha subrayado Puerto Mediterráneo.
Los representantes de la empresa en Valencia señalaron que se hace referencia a la prolongación de la CV-31, cuando se trata de «una vía urbana y no tiene la consideración o catalogación que se pretende darle máxime cuando no hay ningún instrumento que la haya aprobado como carretera».
Sagredo se refirió también al argumento de que un centro así generaría mucho tráfico ya que se ha aprobado un centro comercial en Sagunto, con Alcaldía de Compromís, y no se ha utilizado el incremento del tráfico para tumbar el proyecto. “Quizá a Sagunto los clientes vayan en patinete”, ironizó Sagredo, visiblemente molesto por cómo la Generalitat ha llevado el asunto de Puerto Mediterráneo.
Desde la promotora destacaron que «se está amparando en el informe desfavorable emitido por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento de 17 de junio de 2016 para considerar que las infraestructuras definidas en el proyecto no eran sostenible sobre las infraestructuras estatales».
El promotor de la ATE ha avanzado que va a presentar esta semana una propuesta con las aclaraciones a este tema que afectan «a cuestiones de simple actualización técnica por el traspaso del tiempo» y con el fin de «garantizar la compatibilidad de las actuaciones propuestas con el trazado de las futuras actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento».
Por lo que respecta a las consecuencias territoriales y ambientales, el promotor critica que la Generalitat diga que el grado de conurbación del área metropolitana se vería incrementado con la ocupación de gran parte de la única gran bolsa de suelo no urbanizable común del término de Paterna.
Al respecto, la empresa indica que «no existe informe técnico alguno de ningún organismo público» sobre este asunto, por lo que se trata de «la opinión de la propia Comisión de Evaluación Ambiental que nunca había sido puesto de manifiesto con anterioridad y que resulta contraria a derecho que se realice tras cuatro años de tramitación del proyecto».
De hecho, subraya que «los terrenos de la alternativa seleccionada representan un 15 por ciento de suelo no urbanizable común del término municipal», por lo que «en ningún caso se trata de la única bolsa de suelo no urbanizable común del término municipal».
Por otro lado, se aduce por la Comisión como un supuesto argumento más, que entiende que se sobrepasan los parámetros de «sellado» de suelo contemplados en la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) para cada municipio.
Sin embargo, Intu Eurofund Valencia ha dicho que este argumento «nunca ha sido puesto de manifiesto a lo largo de la tramitación del expediente de la ATE». Además, ha dicho que la ETCV «no es de aplicación a este caso concreto, al tratarse de una Actuación Territorial Estratégica».
También ha subrayado que para elegir el emplazamiento se tuvieron en cuenta «además de aspectos de actividad comercial y dinamización de la economía, la congruencia de los mismos con la estrategia territorial y el interés general»
Respecto del Plan de Actuación Territorial (PAT) de la Huerta al que se hace referencia por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental, ha señalado que «no existe ningún plan aprobado actualmente por lo que es contrario a derecho referirse al mismo».
En otro apartado, también indica que «no hay ningún informe técnico que, más allá de vaguedades y generalidades, concluya cuáles son los efectos negativos sobre la calidad del aire y con el cambio climático, que el incremento de la movilidad que genera la ATE produce».
En relación con la demanda del volumen de recursos hídricos y su disponibilidad, la Comisión aduce que «no quedaría garantizada la disponibilidad del total de los recursos hídricos necesarios». No obstante, Puerto Mediterráneo niega que sea cierto.
«La Confederación Hidrográfica del Júcar en fecha 18 de febrero de 2015 concluye que existe disponibilidad y suficiencia hídrica, tanto para el abastecimiento humano como para atender la demanda para usos no potables de la actuación y lo reitera mediante informe de 19 de mayo de 2016», ha asegurado.
Para el promotor, «lo anterior es una muestra más del poco rigor del análisis y valoración técnica realizada por la Comisión, máxime cuando de manera arbitraría e injustificada no atiende a lo informado por los organismos competentes en la materia».
Por otra parte, ha hecho hincapié en que «el impacto socioeconómico de la actuación es indiscutible y resulta cuanto menos absurdo el intento de la Comisión de desvalorizarlo», y ha recurdado que «a la vista de la capacidad para generar empleo y dinamizar el conjunto de la estructura productiva, la actuación fue declarada como Actuación Territorial Estratégica mediante Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana».
Sagredo: «No se puede asustar a la población»
El alcalde de Paterna expresó su disgusto con la postura de la Conselleria de Medio Ambiente y ha opinado que decisiones como esta pueden “asustar a la gente” y frenar la llegada de inversores extranjeros a la Comunitat “si no se le dan garantías jurídicas”. “Y eso ni la Comunitat ni España se lo puede permitir”, insistió desde una postura absolutamente opuesta a la de la vicepresidenta del Conselle, Mónica Oltra, que el pasado viernes defendía que la Generalitat toma ahora las decisiones en base a cuestiones técnicas y no políticas y eso aumenta la confianza de los inversores en el Gobierno autonómico.
Pero más allá de la imagen que pueda crear en el exterior esta decisión, Sagredo ha puesto sobre la mesa las consecuencias para Paterna porque, dice, le gustaría que se dieran alternativas a esos 800 millones de inversión, a los cientos de miles de euros que Paterna iba a ingresar por impuestos o a los miles de empleos que se iban a generar.
El alcalde recordó que si el argumento es medioambiental, la Conselleria debería de informar de qué va a hacer con la Mola porque “si es un paraje natural tendrá que protegerlo de alguna forma” y compensar a los propietarios ya que, ha recordado, son terrenos de titularidad 100% privada.
Unos propietarios que ya habían llegado a un acuerdo con los inversores de Puerto Mediterráneo en la gran mayoría de los casos, según ha explicado el alcalde, quien considera que “no sería de extrañar” que también ellos acudieran a los tribunales ante la paralización del proyecto.
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