El Tribunal Constitucional anula la prohibición de los toros en Cataluña

El TC considera que la cámara catalana tiene competencias para regular estos espectáculos, pero no para prohibirlos

El Tribunal Constitucional votó el martes por la tarde la anulación de la ley del Parlament del 2010 que prohibía las corridas de toros en Cataluña al considerar que la cámara tiene competencias para regular este tipos de espectáculos pero no para prohibirlos.

Los magistrados votaron tras escuchar la ponencia presentada por la magistrada Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona, cuyo principal argumento es la falta de competencias del Parlament, que en una apretada votación en julio del 2010 (68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones) acordó la prohibición, efectiva al término de la temporada taurina de la Monumental del 2011. Otras consideraciones legales son el “blindaje” de los toros aprobado posteriormente por Las Cortes en noviembre del 2013 que reconoce las corridas como un “patrimonio cultural”, siguiendo el ejemplo de Francia que ya lo hizo en el 2011. Tanto el Parlament primero como Las Cortes votaron las respectivas medidas –prohibición y blindaje- tras aceptar sendas Iniciativas Legislativas Populares (ILP).

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Otros argumentos jurídicos presentados a los miembros del TC son la libertad de empresa, la tradición cultural de los toros y la protección constitucional a las llamadas “minorías culturales”, salvo cuando se trata de prácticas que atentan contra la “dignidad humana” como sucede con la ablación.

De anunciarse la sentencia en las próximas horas, salvo aplazamientos inesperados, Cataluña reabrirá un debate repleto de frentes. El govern ya ha anunciado que no acatará la sentencia del TC y ha reiterado que no se tolerará “la muerte y maltrato de animales”, según indicó el martes la portavoz del ejecutivo Neus Munté. Para los defensores de los toros en Cataluña, la prohibición se basa en motivos políticos y aducen que pocos meses después de la prohibición la misma cámara aprobó el blindaje de los correbous. El nuevo escenario traslada, de paso, la presión a la empresa Balañá, arrendatarios de la Monumental, y abre la vía a reclamaciones importantes para resarcirse del “lucro cesante” ya que hace cinco años que no pueden organizar espectáculos taurinos.

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