La Fiscalía sostiene que el acusado sometía a chicos conflictivos a situaciones límite, para poder elaborar informes negativos con los que lograr su traslado
«Mano dura» con menores de entre 13 y 17 años, desamparados y que se encontraban acogidos en un centro dependiente de la Conselleria de Bienestar Social. Ese era el método empleado presuntamente por el director del centro «La Foia de Bunyol» con aquellos más conflictivos para poder quitárselos de en medio e imponer su ley en un lugar que debía de ser refugio para estos adolescentes en riesgo de exclusión social. Así, lo considera la Fiscalía, que solicita una pena de dos años de prisión y 300 días de trabajos en beneficio de la comunidad para el acusado por cinco delitos de maltrato y otro de violencia habitual sobre personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a su guarda.
«El acusado, durante el tiempo que fue director del citado centro, mantenía que la educación y la integración social de los menores debía hacerse mediante métodos obsoletos de utilización de fuerza física, para así doblegar a éstos a la disciplina del centro, sin atender a la evolución personal de los acogidos, a las necesidades que éstos presentaban y sobre todo a la racionalización y responsabilidad de los propios actos cometidos», afirma el fiscal en su escrito.
Educadores ratifican la denuncia
Así, hechos tan banales como que un interno castigado sin postre le quitara la pera a un compañero, eran reprendidos presuntamente por el acusado mediante golpes. Este incidente se remonta al mes de abril de 2012. Según la denuncia, ratificada por varios educadores sociales que trabajaban entonces en el citado centro de Buñol, cuando el director tuvo conocimiento de lo ocurrido durante la cena, subió a la habitación donde dormía el menor, y tras ponerse en cuclillas encima de él, comenzó a golpearle, al tiempo que le decía: «¿Ahora quién es el maricón?».
Otra educadora presenció como a ese mismo adolescente el acusado le propinaba un golpe en la cara a la hora del desayuno, o como a otro al que habían reñido por otra cuestión sin importancia era llamado al despacho del director y una vez allí éste comenzaba a darle bofetadas en la cara.
Esta práctica era algo habitual y entre 2011 y 2012 hasta nueve menores fueron golpeados supuestamente como forma de castigo, llegando a causar lesiones a al menos dos de ellos. El fiscal recoge en su escrito una herida en el labio que le causó a uno y una moradura en la ceja a otro, al que abofeteó de forma reiterada tras manifestar en presencia de otro educador: «Nosotros somos como si fuéramos tu padre, pero como él no está esto te lo hago yo». Uno de los incidentes más graves se produjo con un chico de origen marroquí, a quien el acusado le hizo desnudarse hasta quedarse en calzoncillos y golpeó, «con el propósito de causar un menoscabo en la integridad física del menor», hasta hacerle confesar de dónde había sacado un dinero supuestamente sustraído.
Además, el acusado «se reunía con los trabajadores y educadores sociales cada semana y les manifestaba que a los chavales conflictivos se les debía someter a situaciones límite a fin de que éstos cayeran en una incorrección para llevar a cabo informes negativos sobre ellos y que se los llevaran a otros centros». Este hecho sería constitutivo de un delito recogido en el artículo 533 del Código Penal, por el que también se enfrenta a una posible inhabilitación de seis años.
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