La exconcejal de Cultura habría cobrado comisiones ilegales a empresas a las que adjudicó contratos desde Cultura / Su exmarido Vicente Burgos y Marcos Benavent también se habrían enriquecido
Los delitos de malversación, prevaricación, fraude en la contratación y tráfico de influencias son los motivos de apertura de la causa. Se trata de una pieza separada del caso Taula en la que figuran como imputados la propia María José Alcón junto al autodenominado «yonki del dinero», Marcos Benavent y algunos empresarios que recibieron adjudicaciones del PP en el Ayuntamiento o la Diputación de Valencia.
De acuerdo con el auto del juez, tanto Alcón como Benavent «se habrían enriquecido a título personal al cobrar comisiones ilegales de distintas empresas a las que la Concejalía de Cultura adjudicó diversos contratos», según pubicó ayer el diario El Mundo. El exmarido de la antigua edil del PP Vicente Burgos, también figura como investigado en esta pieza separada.
Además, entre los adjudicatarios imputados se halla José Adolfo Vedri, dueño de la agencia de comunicación Engloba, que trabajó habitualmente para el Partido Popular y para Imelsa. Vedri estaba al frente de la gestión del espacio cultural La Rambleta (a través de un consorcio con otras empresas), dependiente del Ayuntamiento, cuya adjudicación también se investiga. A cambio de construir el centro, el adjudicatario se quedaba con la gestión por veinte años cobrando un canon del Ayuntamiento.
También está imputado el empresario Carlos Turró, de Cleop. En esta pieza se encuentran las comprometidas conversaciones entre Alcón y Benavent que el segundo grabó entre 2004 y 2006, y en las que se alude a las presuntas irregularidades y al cobro de comisiones por las adjudicaciones.
En dichas conversaciones se alude supuestamente al reparto de comisiones que llegarían hasta al 3% de la adjudicación por los contratos para restaurar las Torres de Quart, los puentes históricos de la ciudad y contratos de la Mostra de Valencia, además de la Rambleta.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que forman parte del sumario, Alcón (que fue apartada del cargo de asesora en el Ayuntamiento de Valencia poco antes de las elecciones municipales de 2015) «influyó con el fin de que la empresa adjudicataria fuera la que se hubiera acordado previamente».
Agregar comentario