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El ministro Montoro pide el cierre de la EMT y el Consell Agrari Municipal

El alcalde de Valencia asegura que mantendrá el servicio del transporte público y el Consell Agrari Municipal

El Ayuntamiento de Valencia mantendrá el servicio de transporte público que cada día pone en marcha la Empresa Metropolitana de Transportes (EMT), así como el trabajo del Consell Agrari Municipal. Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, frente a las pretensiones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha remitido un escrito al Ayuntamiento para que cierre estas dos entidades.

Así lo ha expresado mediante un escrito al Ministerio el alcalde Joan Ribó, que cuenta con el apoyo de un Informe de Intervención de Contabilidad y Presupuestos, según ha informado el consistorio en un comunicado.

En el caso del Consell Agrari Municipal, Ribó insta al ministro “a informarse algo mejor de lo que pide”, puesto que no se trata de una empresa que desarrolle actividades económicas, sino de un organismo autónomo municipal, con lo que no está sujeto a la Ley de Racionalización de la Administración Local que el propio Montoro propició en 2013, “y que está diseñada para ahogar a los ayuntamientos haciéndoles pagar los despropósitos de su gestión”.

En este sentido, el Informe del Ayuntamiento se ajusta a lo que la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local entiende como “actividades económicas”, donde no se enmarcaría de ninguna forma este organismo autónomo.

En cuanto a la EMT, el Informe de Intervención de Contabilidad y Presupuestos “es claro cuando expone la situación de esta empresa pública municipal”. Si el Plan de Ajuste de Montoro exige que se tendrán que liquidar las empresas que hayan tenido pérdidas durante los dos ejercicios consecutivos correspondientes a 2011 y 2012, el Ayuntamiento ha explicado que la EMT tuvo pérdidas en 2011 –con un saldo negativo de cerca de 1,4 millones de euros– pero un resultado de explotación positivo al año siguiente –1,1 millones de euros–.

Por lo tanto, las circunstancias de la EMT tampoco se ajustarían “a las ansias de Montoro y el Gobierno central de cerrar los servicios públicos que presta el Ayuntamiento de Valencia”, en palabras de Ribó.

El alcalde de Valencia ha lamentado que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas quiera “castigar a los pueblos y ciudades por los excesos y derroches que en el pasado hicieron las administraciones gobernadas por el PP”.

En este sentido, Ribó ha encomendado a Montoro a que “aprenda cómo estamos gestionando la economía y la hacienda de Valencia, con una deuda que este año conseguimos resituar hasta niveles de 2005; con un periodo de pago a proveedores que ha pasado de tardar más de 60 días a ocho; con un superávit de cerca de150 millones de euros que hemos conseguido en este ejercicio; y con un remanente de tesorería que llega a los 21 millones de euros”.

«Ajustarse a sí mismo»

Joan Ribó ha conminado a ministro a “ajustarse a sí mismo”, es decir, a “aplicar el Plan de Ajuste al propio Gobierno central, que es uno de los mayores causantes del déficit del Estado, y no los ayuntamientos, que hemos conseguido un superávit”.

En cifras, el alcalde de Valencia ha recordado que, con un objetivo del cero por cien de déficit, el conjunto de ayuntamientos de todo el Estado ha conseguido un superávit del 0,53 por ciento, frente a las pérdidas de la administración del Estado, la Tesorería de la Seguridad Social y las comunidades autónomas, que hacen situar el déficit global de España en el 5,1 por ciento, en el entorno de los 600.000 millones de euros: “sin duda, una gestión que Montoro suspende. “En vez de intentar ahogarnos, el ministro tendría que dedicar su tiempo a financiar de una manera justa nuestro territorio”, ha resalado.

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ES NOTICIA… Zaplana recibió casi 10 millones de euros en «mordidas»

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha detenido este martes al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana en su casa de Valencia acusado de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, fraude y delito fiscal. La operación de la Fiscalía Anticorrupción que lleva el juzgado número 8 de Valencia investiga las adjudicaciones de las ITV concedidas en 1997 a una UTE de empresas y la concesión de parques eólicos a Sedesa, la constructora de la familia Cotino. Entonces Zaplana era presidente de la Comunidad Valenciana (entre 1995 y 2002).
Son los dos principales bloques de adjudicaciones públicas investigados, pero habría otros. A cambio de estas concesiones, el entonces presidente valenciano habría cobrado comisiones de casi 10 millones de euros, según las fuentes consultadas por ABC.
abc.es

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