Opinión

Estragos de la burocracia

Jose Segura / LO QUE HAY

La suspensión del festival Marenostrum Music, en Alboraia (Valencia), a pocos días de su inicio, pone de manifiesto nuevamente la gran distancia que sigue existiendo en nuestro país entre las empresas y los organismos públicos.

Si como manifiesta la empresa organizadora, se pidieron todos los permisos necesarios a principio de este año y, además, se contaba con autorizaciones positivas de diferentes administraciones –con excepción de la licencia definitiva de actividad municipal-, nos encontramos con una soberana patada en el trasero a una empresa que ha realizado importantes inversiones y establecido diferentes compromisos, que requieren una gran cantidad de tiempo para su organización.

Es decir, no resulta de recibo que un permiso solicitado con tanto tiempo de antelación y con abundantes pistas de que todo iba a resultar bien, se vaya al traste porque a la Administración se le ocurra responder con sólo cinco días de antelación al evento, con los escenarios y demás instalaciones ya montadas, los artistas y los servicios contratados y con muchas entradas vendidas.

Así, en un alarde de desfachatez, consistente en una enorme falta de respeto a la empresa, así como un terrible desconocimiento de los plazos y de las inversiones relacionados con el suspendido festival, la consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana ha alegado un problema con la Ley de Costas, que muy bien podría haber sacado a la palestra al inicio de la rueda de permisos necesarios.

Ni a esta consejería ni al ayuntamiento de Alboraia –que en honor a la verdad, peleó hasta el final para conseguir el último permiso autonómico-, les pareció mal que la empresa limpiara y recuperara la zona, que en un total abandono se encontraba llena de porquería. Nada dijo de esa actuación previamente realizada en el mismo lugar en el que luego la Ley de Costas ha impedido la celebración del festival musical.

Y qué decir de los problemas económicos que se le presentan a la empresa organizadora tras una suspensión tan mal gestionada por la Administración. El pago a proveedores, las indemnizaciones por los contratos firmados, la devolución del dinero de las entradas vendidas, más los gastos que los frustrados asistentes hubieran realizado para acudir al evento, se convierten ahora en unas obligaciones que muy bien pueden suponer la ruina absoluta de la empresa, en el caso de que pueda pagar. O un montón de querellas por estafa en el caso de que no pueda hacer frente a sus compromisos.

Todo porque la burocracia ha podido una vez más con el emprendimiento empresarial, cercenando con plazos injustos una actividad que estaba llamada al éxito.

Desde la Administración se podrá argumentar que la empresa inicio sus actividades sin el último permiso en regla. Pero ese hipócrita argumento, que raya en la prevaricación, resultaría del todo intolerable para esta y otras empresas que diariamente se ven obligadas a jugársela por culpa de la lentitud y la falta de conocimientos y de respeto de tanto burócrata sin medida.

Twitter: @jsegurasuarez

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