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El Consell amplía el plazo de solicitud de ayudas para pobreza energética hasta final del ejercicio

Para garantizar el acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a familias con riesgo de exclusión social, así como el alquiler a personas afectadas por desahucio

iV.com.- La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha acordado ampliar el pazo de solicitud de subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares con riesgo de exclusión social hasta final del ejercicio.

El objetivo de esta orden es la concesión de subvenciones a los municipios, mediante concurrencia competitiva, para evitar el corte de los suministros de energía eléctrica, agua y gas a las familias más vulnerables, así como el alquiler a las familias que han sido desahuciadas.

Hay que destacar que ya se ha iniciado el trámite de las primeras resoluciones para proceder al pago de las ayudas, tanto para garantizar suministros básicos como para el alquiler, y que ascienden a un importe de 587.283 euros. Esto supone que, por el momento, 3.315 familias de toda la Comunitat se han beneficiado de estas ayudas de la Generalitat que se tramitan a través de diferentes ayuntamientos.

Las ayudas se tramitan a través de los servicios sociales municipales

Los destinatarios de la subvención son los municipios de la Comunitat Valenciana. De esta forma, cuando los servicios sociales de los ayuntamientos detectan el caso de una persona o familia en situación de vulnerabilidad, con serias dificultades para el pago del suministro de electricidad o de gas, o que ya se ha producido la suspensión del suministro, realizan una valoración para determinar si pueden ser beneficiarios de la ayuda.

Si reúne los requisitos, los servicios sociales lo ponen en conocimiento de las empresas suministradoras y de la Conselleria y se paraliza el procedimiento de suspensión del suministro mientras se gestiona el pago de las facturas adeudadas.

Las ayudas para evitar la pobreza energética son en los casos de corte de suministro eléctrico o de gas de 75 euros por recibo mensual y hasta un máximo de 300 euros por consumidor y año, y en caso de corte de agua potable, hasta 15 euros por recibo mensual y un máximo de 60 euros por consumidor y año.

Asimismo podrán ser objeto de ayudas los costes ocasionados para restablecer los suministros en el caso de que se haya producido su corte.

En cuanto a las ayudas para el alquiler social, que también se tramitan a través de los servicios sociales de los Ayuntamientos, la cuantía es de hasta 100 euros mensuales durante un periodo máximo de un año, y en ningún caso podrá superar el importe de la renta.

De estas ayudas para el alquiler y el suministro energético, se podrán beneficiar las personas y unidades familiares y de convivencia cuyos ingresos sean inferiores a 1,5 IPREM o con ingresos inferiores a 2 IPREM si tienen reconocida alguna discapacidad o se encuentre en situación de dependencia.

En el caso de alquileres, además, previamente deben haber sido objeto de un procedimiento de desahucio, ejecución hipotecaria o dación en pago, y deben tener un alquiler al que no pueden hacer frente. Este alquiler debe ser el que le ha ofrecido el banco, ayuntamiento o cualquier entidad pública y, si se trata de un particular, no superar los 250 euros al mes.

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ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

Los grupos de WhatsApp han llegado a convertirse en el quebradero de cabeza de muchos usuarios. Participantes que no paran de hablar o enviar vídeos, audios o imágenes, otros comentando..., hasta el punto de que la gran mayoría terminan siendo silenciados durante una semana o incluso un año. Ahora, una resolución publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece que incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una "infracción grave" que vulnera el derecho a la privacidad, puesto que todos los integrantes pueden ver el número de teléfono del resto, un dato de carácter personal protegido por ley. En este sentido, la AEPD trata en su resolución el caso ocurrido en el Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), donde un concejal creó un grupo de WhatsApp en el que incorporó los números de teléfono de 255 personas —incluyendo el del denunciante—, la mayor parte vecinos de ese municipio, "con la finalidad de proporcionar información de acciones o actuaciones de interés vecinal".
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(20minutos.es)

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