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El Consell ha suprimido 46 unidades concertadas y ha denegado el concierto a las más de 30 peticiones

La Mesa por la Educación insta al Consell a que se deje el ideario político en el aparcamiento de la Conselleria y que en sus despachos se tomen decisiones conforme a la demanda real de las familias valencianas

iV.com.- “La educación concertada carga con la planificación de la pública. Desconocemos los criterios objetivos para autorizar o denegar aulas porque si disminuye la natalidad desde hace años no se entiende que sólo decrezcan las aulas concertadas”. El actual portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, ha criticado que los centros concertados cargan con la consecuencia de la planificación de los públicos ya que, vistos los datos de la creación, supresión y autorización de unidades concertadas, “la Generalitat Valenciana ha cambiado la libertad de elección de las familias por la imposición del modelo educativo de centros públicos y afines”.

Tras la reunión de la Mesa por la Educación, Vicente Morro ha apuntado que “desconocemos los criterios objetivos para autorizar o denegar aulas porque no entendemos que si disminuye la natalidad desde hace años decrezcan sólo las aulas concertadas y aumentan las públicas” añadiendo “esperamos que no se hayan usado criterios ideológicos para planificar la educación en la Comunitat Valenciana”.

“Con el arreglo escolar de la educación pública y las resoluciones sobre la concertada, lo que se empieza a ver es la maniobra para extinguir durante la legislatura la educación concertada, ¿cuál va a ser el siguiente paso el Bachillerato y la FP?”, ha apuntado el actual portavoz de la Mesa

Morro ha instado a “que se deje el ideario político en el aparcamiento de la Conselleria” y que en sus despachos se tomen decisiones conforme a la demanda real de las familias valencianas. “Las dos redes existentes en la Comunitat Valenciana no son subsidiarias una de otra, son complementarias según normativa legal y no puede pagar un centro concertado la baja demanda de plazas en centros públicos”, ha destacado.

Asimismo, ha añadido que “las cifras son clarificadores y muestran la incongruencia de la acción de la Conselleria de Educación porque una parte importante de los alumnos asisten a centros concertados pero para el curso 16/17 se han suprimido 46 unidades concertadas y se han denegado el concierto a las más de 30 peticiones existentes”.

Vicente Morro ha recordado que el artículo 108.4 de la LOE señala que la prestación del servicio público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados concertados, por tanto, “la educación concertada se merece el mismo trato que la educación pública porque todas las familias pagan sus impuestos, todos los docentes tienen derecho al trabajo y todos los centros realizan una labor educativa y social que no se puede sustituir ni subsidiar” añadiendo que “la libertad de elección  de una familia del modelo educativo es un pilar que nunca vamos a tolerar que se vulnere”.

Por último, ha exigido a la administración valenciana que se admitan las alegaciones y se devuelva la cordura al sistema educativo valenciano porque “se están recogiendo miles de firmas para que se mantengan las aulas de centros que realizan una gran labor social en sus barrios. La Conselleria tiene que oír la voz de los ciudadanos, como ya lo hizo al inicio del pasado curso escolar con otros centros”.

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ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

ES NOTICIA…incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una “infracción grave” que vulnera el derecho a la privacidad.

Los grupos de WhatsApp han llegado a convertirse en el quebradero de cabeza de muchos usuarios. Participantes que no paran de hablar o enviar vídeos, audios o imágenes, otros comentando..., hasta el punto de que la gran mayoría terminan siendo silenciados durante una semana o incluso un año. Ahora, una resolución publicada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) establece que incluir a un usuario en un grupo de WhatsApp sin su consentimiento es una "infracción grave" que vulnera el derecho a la privacidad, puesto que todos los integrantes pueden ver el número de teléfono del resto, un dato de carácter personal protegido por ley. En este sentido, la AEPD trata en su resolución el caso ocurrido en el Ayuntamiento de Boecillo (Valladolid), donde un concejal creó un grupo de WhatsApp en el que incorporó los números de teléfono de 255 personas —incluyendo el del denunciante—, la mayor parte vecinos de ese municipio, "con la finalidad de proporcionar información de acciones o actuaciones de interés vecinal".
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(20minutos.es)

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